La nueva ley urbanística suspende la reválida europea

EDITORIAL No hizo caso a las advertencias de 25 comisarios europeos -ni tampoco al Síndic, Bernardo del Rosal-, y en consecuencia la nueva Ley Urbanística Valenciana acaba de ser reprobada también por la Comisión Europea. El conseller de Territorio, Rafael Blasco, que se pasó meses demonizando la anterior ley -la LRAU- por socialista, apeló siempre a su nuevo texto legal para repeler los ataques contra la política territorial bajo su propia administración. No bastaban las críticas de los expertos o la evidencia a ojos de cualquier observador de las continuas reclasificaciones de suelo, el conseller Blasco todo lo achacaba a una ley anterior aprobada en el último suspiro de la etapa del PSPV.
Ahora, sin embargo, la nueva ley sí es plenamente suya. Y en este caso, el conseller fue advertido, igualmente, por profesionales del ramo y diversos juristas de que la LUV no resolvía, en esencia, los problemas de libre concurrencia de la LRAU. Europa le señaló, incluso, el descaro legal que suponía mantener un período transitorio por el que más de un centenar de planes urbanísticos de transformación del suelo en solares edificables iban a seguir beneficiándose con plusvalías excesivas a ojos de la civilizada Bruselas. Blasco siguió adelante y su LUV produjo el efecto llamada esperado.
La Comisión Europea, sin embargo, no puede ser más clara: considera que, todavía, el ordenamiento legal del urbanismo valenciano es demasiado discrecional, dejando en manos de los ayuntamientos la toma de decisiones sobre contratos multimillonarios con un alto grado de aleatoriedad. El conseller no baja su tono: acusa al Gobierno central por no transponer las directivas europeas sobre contratos y, finalmente, lanza el reto de que la Comisión dé paso a la intervención del Tribunal Europeo. Blasco pide que se aclare, de una vez, si su LUV es legal a la vista del resto de los socios comunitarios.
No es baladí la cuestión, dado que una sentencia negativa del Tribunal de Estrasburgo dejaría al urbanismo valenciano herido en su credibilidad ante el gran mercado de compradores europeos que son, en estos momentos, los que mantienen el tono del sector inmobiliario. A pesar de lo cual, el conseller Blasco lanza el órdago final. Quizás tenga razón, pero no se entiende por qué ha tenido que hacer mal las cosas a sabiendas del contenido de los dictámenes, qué razones se ocultan para favorecer, coyunturalmente, a docenas de constructores beneficiarios de la disposición transitoria, así como los verdaderos motivos por los cuales ha redactado un reglamento de la ley mucho más extenso y prolijo que la propia ley apenas semanas después de su aprobación. Qué razones, en definitiva, hay para que un conseller quiera ponerse en evidencia, retar a toda una Comisión Europea y poner en riesgo la buena imagen continental del Consell y de la Comunidad Valenciana.