MANUEL MUÑOZ
De modo y manera que están el PSPV y el PPCV tirándose los trastos a la cabeza y replicándose y contrarreplicándose a partir de acusaciones de aquí y de allá, cuando ha venido el Tribunal Supremo a dar un fuerte tirón de orejas al Consell de la Generalitat de Francisco Camps y a utilizar el dictamen de 2005 de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (entidad que impulsó Eduardo Zaplana y estuvo a punto de ocupar militarmente Alejandro Font de Mora) para decir que se deben convalidar los títulos expedidos en Cataluña y Baleares a efectos de conocimientos de valenciano, al igual que allí reconocen los expedidos aquí por las juntes qualificadores.
No es que sea sorprendente lo que dice la sentencia; al contrario, es coincidente con la doctrina general sobre ese asunto, especialmente el célebre fallo del Tribunal Constitucional a propósito de la denominación «lengua catalana» en la Universitat de València. Pero sí que es nuevo que invoque el dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua para establecer la unidad del sistema lingüístico, y que especifique que el de fondo es un asunto de base científica y no jurídica, que no deja resuelto el Estatuto de Autonomía. Aquí podemos añadir que ni el aún vigente ni el que entrará en vigor el próximo martes.
Dijo Arthur Schopenhauer que «todo capricho surge de la imposición de la voluntad sobre el conocimiento». De acuerdo con lo que establece la sentencia del Supremo el capricho correspondió al Consell que presidía Eduardo Zaplana, al dejar de convalidar los títulos de fuera para enseñar valenciano, a diferencia de lo que hacían anteriores gobiernos autonómicos. No sé la dosis exacta de imposición de voluntad sobre el conocimiento que requirió el impulso para crear la Acadèmia Valenciana de la Llengua, pero el dictamen que ésta redactó el año pasado ha servido para restaurar el imperio del conocimiento sobre el capricho de los gobiernos de Zaplana y Camps.