La comisión de investigación de las Corts sobre el accidente del metro que costó la vida a 43 personas se cerró ayer con las protestas de los grupos de la oposición, quienes criticaron que sólo han tenido acceso a ocho de los 48 informes solicitados. De ellos, 39 son sustanciales, pues provienen de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). El presidente de la comisión y portavoz adjunto del PP, Rafael Maluenda, alabó la prontitud en la elaboración de los informes y felicitó al Consell de forma efusiva. De inmediato, levantó la sesión sin dejar que la oposición diera su opinión o manifestara su queja, a pesar de que varios diputados habían pedido la palabra. Los grupos de la oposición tuvieron que denunciar la falta de documentación -les llegó pasadas las 19 horas de ayer en una peripecia rocambolesca y sin apenas tiempo para preparar las intervenciones- en los pasillos. Aunque el portavoz del PP intentara limar asperezas y anunciara que los 39 informes «ausentes» estarán hoy en manos de la oposición, lo cierto es que la actuación del presidente de la comisión y el problema con la documentación necesaria para estudiar el caso van más allá de los obstáculos formales argumentados por el PP para justificar la práctica parlamentaria y el retraso de los informes técnicos. Es condenable que a la oposición no se le otorgue voz en la sesión de investigación parlamentaria y es reprobable que la documentación de FGV no esté al alcance de las Corts en tiempo y hora. A la apretada agenda de comparecencias y a la rapidez para determinar los estudios y las conclusiones, se une ahora el placaje a una evolución normalizada de los métodos de la democracia institucional, que en este capítulo son simples: voz a la oposición e igualdad en el reparto de la información documental.
