Posiblemente, el fenómeno de la inmigración sea uno de los acontecimientos con mayor trascendencia social en los últimos años. Por esta causa, su tratamiento, sobre todo cuando se sabe que tendrá un importante eco en los medios de comunicación, debería hacerse desde la máxima prudencia y responsabilidad. Esto naturalmente incluye no hacer un uso político y partidista de un hecho imparable y a la vez necesario en el escenario globalizado actual.

Está claro que la inmigración de la que hablo es la debida a razones económicas, es decir a personas que han tenido que dejar su país y su familia para buscarse aquí un mejor, y a veces el único, medio de subsistencia. Su relación con el trabajo es muy estrecha, y lograr mejorar la economía de la Comunitat sin crear desajustes importantes en el mercado laboral no es una tarea fácil ni para los gobiernos, ni para los agentes sociales (sindicatos y empresarios).

Precisamente un órgano en el cual todos se encuentran representados, como es el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) elaboró recientemente un informe sobre la inmigración en la Comunitat. En dicho informe se hace una exposición de las causas, flujos y evolución de la inmigración, del marco normativo europeo y español, del plan valenciano de inmigración, y después de recoger unos datos estadísticos de sumo interés por su actualidad, se hacen unas consideraciones finales.

En la realización del trabajo participaron representantes de todos los grupos representados en el CES-CV y finalmente fue aprobado, en el pleno, por unanimidad. Las consideraciones tanto generales como específicas sobre las repercusiones de la inmigración en la CV se realizan desde ámbitos diferenciados.

Así, respecto a la dimensión del fenómeno se señala que los inmigrantes constituyen más del 15% de la población ocupada, y que existe una clara relación entre crecimiento económico y población, «ya que el primero genera un fuerte impulso para que el segundo avance».

En lo relativo a la integración de los inmigrantes se dice que «están adoptando los valores que encuentran en la sociedad española» y que la educación constituye el mejor instrumento para conseguirlo.

El CES-CV valora positivamente todos los procesos de normalización y regularización «y los efectos positivos que han tenido para la economía española y valenciana». Asimismo, los efectos sobre el mercado laboral son positivos, ya que «cuanto más trabajadores salgan de la economía sumergida, mayor es la legalidad del mercado, mayor es la protección social que disfrutan, menor es la explotación y los abusos contra los trabajadores, menor es el fraude fiscal y menor es la competencia desleal entre empresas». Esta valoración positiva de los procesos de regulación no impide apuntar sus limitaciones en cuanto a que no solucionan el problema de la gestión de los flujos migratorios para que la irregularidad deje de ser una forma ordinaria de inmigración.

En cuanto a la transformación social de la inmigración, se apunta que los flujos de llegada se mantendrán o incluso aumentarán, y que el crecimiento económico y las desigualdades continuarán siendo factores que permiten pronosticar esta persistencia. Respecto a las ventajas e inconvenientes de la inmigración, el informe considera que desde el punto de vista de la economía el fenómeno migratorio ha sido provechoso, aunque existen incertidumbres sobre el efecto a largo plazo, pero por el momento «es necesario asentar, ordenar y racionalizar esta nueva realidad y los flujos futuros…».

Finalmente, se concluye afirmando que aunque la inmigración ha superado lo previsto, no se detectan problemas importantes para su absorción, constatándose una complementariedad entre la mano de obra nacional y la extranjera. También se señala que en el campo de la integración social el proceso migratorio conllevará una transformación cultural de la sociedad valenciana, y que la integración precisa que la Administración y las organizaciones sociales incrementen sus esfuerzos de manera coordinada y complementaria.

Pocas dudas caben que este informe consensuado aborda el fenómeno migratorio desde una amplia perspectiva social y da respuesta a muchas de las repetitivas preguntas que se siguen formulando, intencionadamente, desde algunos ámbitos. Es más, no se limita a hacer una foto fija de la situación, sino que apunta direcciones hacia las cuales las competencias, bien delimitadas, de las Administraciones central, autonómica y local, pueden desarrollarse de forma conjunta y coordinada.

En cuanto a los agentes sociales, en este caso la UGT-PV, insistimos ante el Gobierno de la nación en la necesidad de mejorar la gestión de los flujos migratorios, y agilizar las contrataciones mediante los mecanismos legales en vigor y los procesos administrativos. A los gobiernos autonómicos y locales con competencias en garantías jurídicas, sanidad, vivienda, educación, cultura, seguridad e higiene en el trabajo, formación e inserción laboral, participación ciudadana, fomento de la cooperación y del codesarrollo, comunicación social y relaciones interinstitucionales, les agradeceríamos más hechos y menos polémicas. En definitiva, hay mucho por hacer, y el diálogo y el consenso son en estos asuntos sabios consejeros para conseguir mejores resultados para todos.

* Secretario de cooperación de la UGT-PV.