EDITORIAL
El Gobierno ha hecho gala en las últimas semanas de la incorporación de cientos de agentes a las filas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana tras las reducciones registradas durante los anteriores mandatos del PP. Sin embargo, ese esfuerzo en reforzar los efectivos parece encontrarse con un obstáculo en los medios materiales a su dispisición, de acuerdo con las continuas denuncias de las diferentes organizaciones profesionales: problemas con motocicletas, coches, instalaciones insuficientes o precarias... Ayer mismo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil advirtió de que la Benemérita no puede patrullar la costa de Valencia por falta de embarcaciones: la más pequeña sólo navega por el puerto, la de medio alcance permanece desplazada desde hace semanas a Alicante -donde sus propios barcos están averiados- y la de alta mar parmanece amarrada la mayor parte del tiempo por falta de personal suficiente para hacerse a la mar con mayor asiduidad, según la Augc.
El Gobierno asegura que esta situación en ningún caso significa que el litoral valenciano se encuentre sin vigilancia, como podría hacer pensar el hecho de que ayer fuese abandonada en Cullera una lancha que presuntamente sirvió para hacer llegar a tierra droga o inmigrantes. Además, esta precariedad coincide con una mayor presión en la llegada de pateras a las costas de la Comunitat Valenciana, en una tendencia sin precedentes. Por ello, el Ejecutivo debería volcarse en dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de todos los medios materiales necesarios para que cumplan con su labor. Sin buscar excusas en circunstancias coyunturales. Garantizar la seguridad es una de las obligaciones fundamentales del Estado para con sus ciudadanos.