Un ayuntamiento al margen de la legalidad

M. B. BLANQUER Ha bastado que el ex presidente de la Generalitat y actual senador Juan Lerma mencione hechos constatables de su gestión para que la alcaldesa de Valencia le responda con un exabrupto y se apresure a airear sus logros, todos ellos bajo el epígrafe de grandes eventos. Su carisma y saber estar, ambos indiscutibles, actúan como anestésico para sus paisanos, que no acceden a las interioridades del ayuntamiento que preside, en que descubrirían cómo se invierte su dinero.
Está muy bien que un jefe del Estado Vaticano nos visite (por cierto, cuando ya han recorrido casi todos los países del mundo): políticamente correcto y emocionante para los católicos. La Copa del América ha hecho recordar que existió un pueblo, Vilanova del Grao, en fase de aniquilamiento, cuyo olvido coincide con la incorporación como barrio de la urbe. La Fórmula 1 apasiona a unas minorías que también tienen sus derechos. Contentos todos.
A veces, quienes abusan sistemáticamente del lenguaje silencian lo que debíamos saber todos y provocan las preguntas. Con esta abstinencia de explicaciones no conseguimos saber cuánto costó a los valencianos la visita de SS. La Copa del América, que nos hace famosos, y de paso nos cuesta un pastón, involucró al Gobierno central, que ha abonado puntualmente sus compromisos, un gasto que ni se menciona ni reconoce, como se omite explicar la cantidad del dinero invertido que resultará inútil cuando, pasado el evento, no se sepa qué hacer con las instalaciones. Seguramente se recurrirá al destino cultural o deportivo, especialmente la dársena que ha de estar dispuesta por si nos visita un mayestático barco de magnate. Algo importante y, no por ello, menos socorrido al tiempo de justificar los despilfarros.
La Fórmula 1. Hay que construir el circuito que se convertirá en viales y, según parece, financiarán a repercutir en los constructores. O sea, que las viviendas costarán su precio más el que se añada por la fastuosa urbanización, y quien finalmente pagará el susodicho circuito serán potentados con capacidad adquisitiva bastante para conformar una isla urbana, elitista, en el barrio sacrificado como colonialismo de los habitantes del centro de la ciudad. Los aficionados tienen la fiesta asegurada y el resto, según los entendidos, respiraremos el aire contaminado y la capa de ozono se resentirá con las emanaciones, aunque, como ha sentenciado el primo del señor Rajoy, es algo por lo que no tenemos que preocuparnos.
Pero es que hay mucho más. El Ayuntamiento gasta lo que no tiene y no paga lo que debe. El primer factor determinante es la falta de cobertura presupuestaria para el cumplimiento de obligaciones y servicios municipales que, a pesar de los datos históricos, se infravaloran deliberadamente, generando deudas que se arrastran año tras año y generan gastos financieros cuyo montante, sumado al de las deudas contraídas con entidades financieras, implica detraer una gran cantidad de recursos que estarían destinados a cubrir necesidades ciudadanas, sirviendo de ejemplo el transporte público.
El Ayuntamiento adjudica obras directamente, sin mediar concurso público; incluso las fracciona para evitar su publicidad; ejecuta obras y excesos de obra, sin proyecto ni presupuesto, y los adjudicatarios ya saben, por experiencia, que se pueden desviar del proyecto que pudo servir de base a una contratación para reformar la obra realizada, encareciendo el presupuesto que es abonado religiosamente sin informe de la oficina de supervisión y con partidas injustificadas. A mayor inri, los técnicos municipales no controlan ni el tiempo de los compromisos ni el ajuste al proyecto; la ejecución sale como se termina, quizá no como se debiera.
Cuando el tiempo de ejecución es un dato a favor del adjudicatario, o mediante adjudicación a dedo los interesados los reducen y luego los incumplen, ante la pasividad municipal, que se reducen para obtener las obras; luego incumplen los plazos y el Ayuntamiento lo tolera sin exigir las penalizaciones correspondientes o la rescisión del contrato.
Y, sobre todo, ¿por qué se contrata superando los precios marcados por el Instituto Valenciano de la Edificación? ¿Quién recibe tan favorable e ilícito trato? Esas subvenciones no previstas, ¿quién las recibe?
El dinero público administrado por el PP es un caudal al servicio de sus antojos. Pensemos en la Ciudad de las Ciencias: se entiende que quien proyecta y dirige una obra garantiza que se mantendrá en pie y resistirá los agentes climáticos. Pero resulta que un día se cae el escenario y otro se inunda el edificio provocando grandes pérdidas. Es posible que hayan transcurrido los plazos legales para exigir daños y perjuicios a la figura que diseñó tan magnífico edificio y lo que pase o se haga en ella ya sea cosa del cliente que hizo el encargo. Pero el desentendimiento por parte del arquitecto, en este caso, no concuerda con la demanda que ha presentado, por lo que considera una degradación del puente que construyó en Bilbao junto al cual se ha construido una pasarela que perturba la contemplación de su obra. No se entiende que nuestras primeras autoridades se paseen a su lado y le lleven a la ópera, como si no fuera culpable del detrimento patrimonial que acarrean sus errores y que sufragaremos entre todos, con nuestros impuestos, ni que el de Benimaclet acepte la invitación cual si no tuviera nada que ver con el desastre. Como diría Trillo, ¡manda huevos!
Los centenares de funcionarios no bastan para gestionar los intereses municipales; se recurre a empresas públicas y privadas, entre ellas Aumsa, y el nivel de subcontrataciones es desmesurado. Una manifestación expresa de la negligencia del Ayuntamiento se manifiesta en el servicio de control de las empresas concesionarias: dos funcionarios para los ciento siete centros educativos en que han de reponerse papeleras, limpiarse patios y grafitis. Efectivamente, los visitan: dos veces al año. Teniendo en cuenta que los días de trabajo efectivo de los funcionarios es de 248, parece que, sin un gran esfuerzo, podrían visitarse dos cada día.
El Estado de Derecho no existe para el grupo municipal que manda y dispone a su antojo en el Ayuntamiento, quizá porque algunos se subieron al carro de la democracia y la Constitución sin convicción alguna.
Es curioso que alguna voz del PP haya pedido la intervención de la Fiscalía en la reforma de la cocina de J. I. Pla, por no haber pagado facturas que aún no estaban presentadas al cobro, y ninguno se preocupe de cómo quien no puede comprarse un cochecito accede al pisazo madrileño, o que, tal como hicieron con el IVEX, trasladen estos datos al ministerio público por si la sistemática y premeditada Ley de Haciendas Locales encierra indicios de delito. Y, en todo caso, que el Gobierno central, ejerciendo sus facultades de control sobre los recursos, o el propio Partido Popular exijan las debidas dimisiones y responsabilidades.
A ver quién es el primero en mojarse, pero hay que hacer algo.