EDITORIAL
La Comunitat Valenciana arrastra desde 2001 la falta de una efectiva solución al problema de la gestión y tratamiento de las basuras. Los responsables del departamento autonómico de Medio Ambiente se van sucediendo, pero el Plan Integral de Residuos sigue siendo la gran asignatura pendiente de la Generalitat Valenciana. Los contenciosos siguen sumándose uno tras otro y la Comunitat, que vuelca sus esfuerzos en dar a conocer al mundo una imagen de modernidad y en ser capaz de brillar en la organización de eventos internacionales de primer orden, fracasa en la política de la gestión de los residuos de forma estrepitosa. La paralización de las obras de la planta que debe acoger en un plazo de cuatro meses toda la basura procedente del área metropolitana de Valencia es sólo el último capítulo de una historia marcada por los varapalos a la gestión del Consell en forma de sentencias judiciales, como la del cierre del vertedero de Fervasa en la localidad de Aldaia. Y mientras, los vecinos de 45 municipios del área metropolitana de Valencia tienen que asumir el sobrecoste que provoca la deficiente gestión de las 750.000 toneladas de residuos que generan. La definitiva resolución del problema pasa, sin ningún género de dudas, por un gran pacto al que deben comprometerse todos los partidos políticos y que ponga fin a la insolidaridad territorial que mantiene a los valencianos en el furgón de cola de la gestión medioambiental.