FERNANDO FLORES
Hace unos días fue presentado por el conseller de Inmigración y Ciudadanía el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana. Los medios de comunicación se hacían eco de un texto que «será pionero en España» y que «pretende propiciar un cambio de actitud tanto en la ciudadanía como en las instituciones de la Generalitat Valenciana, con el objetivo último de construir entre todos un sistema que permita una participación ciudadana real y efectiva» (este último párrafo pertenece a la exposición de motivos del anteproyecto).
El texto inicial del proyecto -que extrañamente lleva a sus pies fecha de febrero de 2006- trata de alegrarnos al anunciar que no estamos ante la típica norma de compromiso, sino que asistimos al nacimiento de una ley «diferente», según la cual la participación ciudadana consiste no sólo en poder opinar, sino también en ejercer un «control efectivo» de los acuerdos adoptados por las diferentes instancias públicas. Después, a lo largo de su articulado desarrolla principios generales, objetivos fundamentales, derechos participativos varios y mecanismos específicos que habrán de servir de cauce a la participación.
La verdad es que la lectura del texto normativo da para muchos comentarios, pero expondré una idea general y un par de cuestiones que me han llamado especialmente la atención.
La idea principal es que no estamos ante un anteproyecto de ley de participación, sino ante un anteproyecto de propaganda. En manos de sus impulsores no dejará de serlo, sólo se convertirá en proyecto y más tarde en ley.
El par de cuestiones. Que son tres.
Uno de los derechos estrella de la norma es el de participar en la elaboración de anteproyectos legislativos. Para ir abriendo boca, y demostrar coherencia, nos informa el conseller que este proyecto presentado a Cortes ha sido concertado con 50 entidades sociales de la Comunitat, y que en breve se abrirá un plazo para que los ciudadanos puedan valorarla. Llamo a varios amigos, miembros de asociaciones de largo recorrido, muy activas en defensa de los derechos ciudadanos, para saber su opinión (por ejemplo, una de ellas -Per L´Horta-, artífice de la única y costosa iniciativa legislativa popular llevada a cabo en la Comunitat Valenciana). Observo sin mayor sorpresa que ninguna de estas organizaciones sabe, salvo por los medios, del anteproyecto; admiten que no han sido de las concertadas y que, en consecuencia, ignoran que gracias a la realización del programa político del PP un nuevo tiempo para el compromiso participativo ciudadano ha llegado. Es de suponer que de forma inminente, como ciudadanos individuales, recibirán el anteproyecto, para poder así valorarlo y entonces?
La ley dice en su comienzo que «es preciso motivar al ciudadano», para lo cual -continúa- «es imprescindible una educación para la ciudadanía que fomente e inculque la virtud de la participación». Me parece curioso que el Gobierno del Partido Popular se atreva a hablar de educación para la ciudadanía, pero sobre todo me pregunto si la mejor manera de motivar al ciudadano no será respetar -es decir, dialogar, escuchar, concertar- a aquellos que desde hace ya muchos años están motivados y activos en la Comunitat Valenciana. Cierto es que, además de numerosos y despreciados por las instituciones valencianas, son ciudadanos que en su gran mayoría no votan al Partido Popular.
Me llama especialmente la atención el artículo 4 del anteproyecto: Información para la participación ciudadana. Este derecho se despliega a su vez en dos: el derecho a conocer y ser informados de las iniciativas de actuación públicas, y el derecho a consultar los balances de gestión elaborados por las distintas conselleries. Dejando a un lado el hecho de que estos derechos ya los tiene el ciudadano sin necesidad de la norma -como otros también recogidos en la ley: acceso a archivo y registros, petición, iniciativa legislativa popular?-, resulta sospechoso que se olviden de otro, del más importante, del prohibido. El derecho a salir en Canal 9. El derecho a que la televisión pública valenciana permita a las asociaciones y a los ciudadanos hablar, informar al resto de la sociedad de sus propuestas, de sus inquietudes, de iniciativas propias de interés público, del control que ya vienen realizando de la actuación de los que gobiernan (¿no era éste el elemento diferenciador?). La participación no sólo se nutre de información de arriba abajo y viceversa, se impulsa sobre todo de manera horizontal: los ciudadanos deben saber lo que piensan y proponen los ciudadanos. El derecho a la información contemplado en la Constitución consiste en darla y recibirla.
Con estos mimbres, y algunos otros que no se comentan, a nadie extrañará que observe el anteproyecto de ley con suma desconfianza, como si se tratara de una decimonónica carta otorgada de gobernantes pretendidamente ilustrados. Desde luego, el anteproyecto contiene principios, figuras y procedimientos buenos para la participación, pero resulta obvio que quien la propone no se la cree, ni se la imagina realizada ni se la quiere imaginar.
¿Imaginan ustedes que un día los de Salvem el Cabanyal, los preocupados por la Tabacalera, la gente que lucha por la defensa del territorio en toda la Comunitat, los ciudadanos, los grupos sociales que han imaginado una vida, una manera de vivir, que han elegido esa manera de vivir (legal y democrática, por favor); imaginan, digo, que las propuestas a los poderes públicos y al resto de ciudadanos de toda esa gente salgan por Canal 9 y formen parte de debates generales sin que aparezcan descritas como «radicales, irresponsables, locas o dañinas»? Imaginen, imaginen?
* Profesor de Derecho Constitucional. Universitat de València. [www.terracritica.org]
