El consistorio frena el informe del Defensor del Pueblo sobre el viejo edificio de Hacienda

Nacho Martín, Castelló
El Defensor del Pueblo ha denunciado que el Partido Popular del Ayuntamiento de Castelló ha incumplido su deber legal de facilitarle la documentación necesaria para dirimir si el antiguo edificio de Hacienda debe revertir al ente municipal, tal como reclamaba el alcalde, Alberto Fabra, en una campaña que le llevó a enfrentarse con la Universitat Jaume I (UJI) y el Gobierno central.
La falta de colaboración fue comunicada en septiembre por escrito a la Federación de Asociaciones Ciudadanas de Consumidores y Usuarios, colectivo que recurrió al Defensor del Pueblo para reclamar los derechos del ayuntamiento sobre el edificio con la intención de que se ubicara en él un nuevo Centro Municipal de Cultura.
Dicha solicitud contó con el respaldo público e institucional del gobierno local, que lideró una campaña mediática para reclamar el edificio y aprovechó para cuestionar en reiteradas ocasiones al entonces subdelegado del Gobierno, Juan María Calles.
Ahora, las asociaciones vecinales que apoyaron la causa cuestionan la actitud del PP y aseguran no entender por qué el ayuntamiento dificulta que el Defensor del Pueblo clarifique quién tiene los derechos jurídicos sobre el edificio.
La polémica se desató cuando la Subdelegación del Gobierno hizo pública en 2005 su intención de ceder a la UJI el uso del edificio una vez se trasladara a las nuevas instalaciones de Ribalta. Esta decisión surgió como respuesta a una solicitud, acompañada del correspondiente proyecto, que fue remitida por la Universitat al Gobierno central. La intención era desarrollar un proyecto cultural e instalaciones multimedia gratuitas en la plaza Huerto Sogueros.
La respuesta del gobierno local fue inmediata y Fabra reclamó que el Ministerio de Economía devolviera la propiedad del edificio al ayuntamiento, que en 1944 había cedido el solar al Gobierno.
Sin embargo, los letrados del ministerio respondieron que la opción de reversión había expirado. Las pretensiones del PP llegaron hasta el punto de escenificar un enfrentamiento público del alcalde con el rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo. En aquel momento, el equipo de Fabra acusó a la UJI de no utilizar terrenos cedidos hace 13 años por el ayuntamiento y de ir «en contra de los intereses de la ciudad».
Finalmente, el ayuntamiento y la UJI pactaron y solicitaron la cesión del edificio para uso conjunto, acuerdo que aún no se ha traducido en ninguna obra y que un sector vecinal aún cuestiona.