Levante de Castelló, Castelló
El Ayuntamiento de Almassora y la Generalitat Valenciana tendrán que pagar de forma solidaria una cifra cercana a los 18,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones a los propietarios de 22.000 m2 de suelo en la avenida Generalitat afectados por el plan de reserva de suelo especial aprobado en 1997 y que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia.
Después de años de la primera sentencia que les daba la razón a los propietarios, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido un auto en el que aclara cómo debe de ejecutarse la sentencia (que fue ratificada por el Tribunal Supremo en febrero de 2006), cuantificando las indemnizaciones a recibir, a razón de 735 euros por metro cuadrado de suelo urbanizable y 1.200 euros por metro cuadrado de suelo urbano.
Según estas cifras, los propietarios de unos 17.000 m2, con consideración de urbanizables, deberían recibir unos 12,5 millones de euros, mientras que por el resto, unos 5.000 m2 de suelo urbano, se deberían pagar unos 6 millones de euros. Los pagos a los que consistorio y administración autonómica tendrán que hacer frente corresponden a la sentencia emitida en su día por el Tribunal Superior de Justicia que anulaba el plan de reserva de la avenida Generalitat de 1997 por el que se obtuvieron los terrenos para la actual piscina, la propia avenida y el IES número 2. El consistorio recurrió y el tema saltó al Supremo que ratificó la sentencia del TSJ en febrero de 2006. Desde entonces, y una vez que la sentencia se declaraba firme, ha seguido el proceso para hacer posible que los propietarios cobraran las millonarias indemnizaciones pues era imposible devolverles los terrenos expropiados, ya ocupados. Los afectados solicitaron la ejecución de la sentencia y fue en un auto emitido el pasado 7 de junio de 2007 en el que el TSJ aceptaba la petición y marcaba las pautas para establecer el valor del suelo, aunque sin concretar las valoraciones exactas.
El Ayuntamiento de Almassora confirmó ayer que habían recibido el auto emitido por el TSJ, pero no avanzaron cuál será la posición municipal al respecto. «En estos momentos el consistorio se encuentra a la espera de que el equipo jurídico que trabaja el caso defina las acciones a adoptar», notificaron escuetamente fuentes municipales.
Recurso en el Supremo
Y es que el auto del TSJ llega mientras el consistorio está esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentó contra el último auto del tribunal valenciano, el que a principios de 2008 marcaba las pautas para establecer el valor del suelo. El TSJ entendió que este recurso al Supremo no paralizaba el proceso para que se pagara a los propietarios, de ahí que se haya avanzado en la concreción de los pagos.
Mientras, en el consistorio confían en que su recurso al Supremo arroje luz. En él ponen de manifiesto que el consistorio ya ha cumplido con los pagos ya que convalidaron el plan especial en el PGOU de 1998, por lo que no correspondería pagar nada a los propietarios expropiados en su día.
Desde el PSPV en Almassora, anunciaron ayer que iban a pedir explicaciones al alcalde, el popular Vicente Casanova, en el pleno del lunes, ya que, de ser ciertas las cifras a pagar «el alcalde debería dimitir por haber perjudicado gravemente las arcas municipales». «Si la situación se confirma y los pagos llegan a cantidades cercanas a los 20 millones el PSPV responsabiliza directamente al alcalde de su actitud negligente e intransigente».