La Fiscalía de Castelló pide al juzgado de Vinaròs que investigue la transacción de una parcela en el entorno de Capicorb, de Alcalà, realizada entre dos empresas por un montante de 3 millones y con la condición del que el consistorio permitiera la reparcelación, lo que conllevó la modificación del PGOU y, tras la denuncia de un particular, motivó la investigación de la Fiscalía que ha imputado a los 13 concejales del ayuntamiento y algunos técnicos por un posible delito de prevaricación urbanística. La modificación introducida en el planeamiento urbanístico de Alcalá permitirá la construcción en un terreno de valor ecológico y protegido.
La investigación de la fiscalía recoge que «se están adoptando resoluciones administrativas con el beneplácito de los técnicos municipales prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».
Y añade que el terreno afectado por la unidad de ejecución P-23 fue vendido en octubre de 2006 por la firma Eberis Viviendas, SL a Taylor Woodrow de España, SA «condicionándose parte del precio (3 millones) a la resolución municipal que apruebe el plan de reparcelación de la finca que forma la unidad de ejecución P-23 por lo que los hechos deberán ser investigados.
Modificación puntual
Tras el acuerdo plenario del consistorio de Alcalà de Xivert de diciembre de 2008 que permitió una modificación puntual en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el entorno de Capicorb y en el que la Fiscalía observa irregularidades constitutivas de un delito urbanístico.
Todo el proceso, que afecta a espacio protegido, y que supuso la alteración de la condición del terreno sin someterlo a exposición pública, conlleva la imputación de toda la corporación.
El PGOU de Alcalà fue aprobado en 1998 con un gobierno del PP y en las bases particulares para reparcelar la unidad P-23, apunta el Fiscal, el arquitecto municipal utiliza una ficha de gestión del suelo distintas a la publicada en el BOP, que definía el suelo como urbano, «sino que lo califica como urbanizable pormenorizado».
Este diario se puso en contacto con el gobierno municipal de Alcalà para conocer su postura, sin obtener respuesta alguna.
El PSPV abre una investigación y el PP prefiere esperar
El secretario de organización provincial del PSPV, Francisco Valverde, ha pedido a los cuatro concejales socialistas de Alcalà toda la información judicial y administrativa de la que dispongan sobre el proceso de aprobación del PAI y que la Fiscalía ordena investigar. Valverde, ha pedido los datos de la aprobación de las bases del sector P-23 de Alcalà tras la decisión de la Fiscalía de imputar a todos los concejales de la corporación. De esta forma, el partido quiere estudiar con detenimiento el tema antes de adoptar cualquier decisión, aunque ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que la Fiscalía impute también a la oposición cuando se trata de una iniciativa impulsada por el equipo de gobierno y, a priori, con los informes técnicos en regla. La dirección provincial del Partido Popular no ha querido valorar el asunto. R. Pardo. castelló
