La Fiscalía de Castelló ha abierto diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Serra d´en Galceran, la empresa Valfortec SL y la Conselleria de Medio Ambiente, tras la denuncia interpuesta por Iniciativa por un presunto delito contra la ordenación del territorio, según informaron fuentes de la formación política en un comunicado.
Los hechos denunciados son las obras iniciadas para instalar paneles solares en el paraje Volta. Unas obras que, según la información facilitada por Iniciativa, se habrían empezado sin la Declaración de Interés Comunitario (DIC) y sobre suelo forestal protegido. Cabe recordar que, tal como publicó Levante de Castelló, la Conselleria de Medio Ambiente paralizó las obras hace aproximadamente un año después de que la empresa ya había arrasado 9.000 m2 de suelo forestal.
Un expediente «sin tramitar»
No obstante, transcurrido un año, la conselleria «todavía no ha tramitado el expediente y no ha obligado a reparar las agresiones cometidas. Es más, la empresa promotora ha hecho obras de consolidación de manera puntual», afirman desde Iniciativa.
Los ecosocialistas recuerdan que en una visita de la conselleria se reconoce que «los movimientos de tierra afectaron a una superficie de 19.143 m2, que dañó suelo forestal y que se habían iniciado los trabajos de construcción de la instalación solar fotovoltaica sin la DIC. Además, «fueron perjudicados 19.143 m2 de terrenos, que se destrozaron para una instalación de sólo 2.000 metros cuadrados».
Con la denuncia, Iniciativa pretende saber si la actuación del ayuntamiento es lícita, «al haber dado licencia municipal por roturar suelo forestal protegido dentro de su municipio, siendo conocedores de las advertencia de la conselleria, y a sabiendas de que esta licencia no se podía dar por ser de carácter supramunicipal».
También se pretende esclarecer si la empresa cometió un presunto delito ambiental «al hacer desaparecer suelo forestal de valor, a pesar de las advertencias de la conselleria». A su vez, la Fiscalía también investigará a la Conselleria de Medio Ambiente «por no proceder a aplicar un expediente sancionador».