Los afectados por Costas piden a la UE que retire sus ayudas

La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas pedirá al presidente del Parlamento europeo que retire los recursos estructurales al Gobierno español «por no cumplir la resolución europea del Informe Auken sobre la aplicación abusiva de la Ley de Costas».
En declaraciones realizadas ayer, el portavoz de este colectivo, José Ortega, afirmó que en la reunión celebrada en Valencia entre los miembros de esta organización se ha acordado que se presente esa petición al presidente de la Eurocámara y al de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE).
La petición responde a «la negación y falta de cumplimiento por parte del Gobierno español» sobre la resolución del 26 de marzo del Parlamento europeo, en el informe de la eurodiputada Margrete Auken sobre abusos urbanísticos que reconoce, según Ortega, que la norma sobre costas se aplica de manera «abusiva, caótica y arbitraria».

Informe europeo
Ortega criticó también que el Gobierno niegue esta resolución del informe europeo e incluso sus responsables se muestren «sorprendidos» al preguntarles sobre el caso.
Además, denunció «el incumplimiento masivo» de la normativa europea sobre acceso a toda información medioambiental porque los afectados por los deslindes «no puedan acceder a la totalidad de los expedientes que les afectan», un hecho que, según Ortega, «la Administración justifica en la protección de la intimidad».
Sin embargo, el portavoz señaló que anteriormente el sistema para conseguir esos datos «funcionaba bien» pero ahora se ponen trabas a los afectados y sus abogados, por lo que «no pueden saber los motivos por los que te tiran la casa y la propiedad».
«Ya no es un tema de Ley de Costas, sino de derechos civiles porque se vulnera la Constitución y dos directivas europeas en las que se dice que se garantiza el acceso ciudadano a toda la información medioambiental», manifestó.
Asimismo, expresó su confianza y la de la plataforma en la UE como vía para que sus demandas prosperen porque, según Ortega, éstas no son atendidas «ni por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ni por los representantes del Defensor del Pueblo». Los afectados no descartan movilizaciones.