Carlos Fabra se querella contra Calles por llamarle «indigno» en el pleno

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha presentado una demanda de conciliación previa a una querella criminal por injurias y calumnias contra el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló.
Esta acción judicial exigía una disculpa pública y el pago de 30.000 euros por la intervención del pleno del pasado mes de mayo en la que Calles pidió su dimisión por el «deterioro ético» que las imputaciones judiciales y la petición de penas de cárcel al dirigente popular están «causando» al ayuntamiento. Además, Fabra requería que el edil socialista retirara los calificativos de «inmoral e indigno» por un supuesto fraude de 600.000 euros a Hacienda. Según explicó ayer el propio Carlos Fabra, «eso es algo que ni lo ha dicho Hacienda ni lo ha dicho ningún tribunal». «Cuando un tribunal lo demuestre o haya una sentencia, entonces seré un convicto de defraudación de 600.000 euros, pero mientras tanto, porque lo diga el señor Calles, no», apuntó el presidente provincial del PP y concejal del ayuntamiento.
Pese a ello, Calles se ratificó en sus afirmaciones y no acudió al acto de conciliación al considerar que en ningún momento injurió al líder popular.
Es más, el portavoz adjunto del PSPV, Mario Edo, manifestó ayer en rueda de prensa que la demanda de Calles responde a «un intento más de amordazar la voz de la oposición dentro de la cadena de acosos y presiones que está perpetrando el PP contra los 12 concejales y concejalas socialistas, tanto en el recorte de recursos públicos para ejercer la oposición como en las campañas rastreras que el PP promueve contra Juan María Calles en su página web, las mentiras continuadas sobre su puesto de trabajo o los insultos que recibe a diario por parte de algunos concejales del PP».
Juan María Calles efectuó una batería de preguntas a Alberto Fabra el 28 de mayo para conocer su opinión como alcalde tras hacerse público que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba dos años años de cárcel para Carlos Fabra, concejal de Castellón desde 1987, por un supuesto delito de falsedad documental. Calles preguntó al alcalde si considera que esas actuaciones judiciales y la imputación de un presunto delito fiscal estaban poniendo a la institución municipal «bajo la sospecha indigna de un concejal que ha defraudado a la Hacienda Pública» y le pidió que explicara qué medidas iba a adoptar para depurar político que podía considerarse «indigno» e «inmoral».