El policía de Orpesa que denunció el inflado de facturas sufre mobbing

El policía local de Orpesa, Pedro José Romero, que hace un año denunció el presunto «inflado» de facturas por reparar vehículos patrulla, ha presentado una nueva denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló por «el acoso laboral y abuso de poder que sufro por parte del intendente jefe en connivencia con la Alcaldía». Un acoso que, además de en actuaciones verbales, queda patente en los 12 expedientes que le han incoado «sin que se me comuniquen en qué se basan». La última prueba de esa presión ha sido la citación para declarar hoy en el Juzgado de Instrucción número «sin notificarme de qué o quién me acusa».
Extraoficialmente, el agente, pudo conocer en el Juzgado de Paz de Orpesa que el denunciante es otro agente que «curiosamente es hijo del dueño del taller que denuncié en noviembre por el hinchado de facturas». Y, añade, «el mismo que el pasado 5 de abril me dijo: ´guárdate las espaldas´».
El inicio de los acosos denunciados por el agente comienza con la denuncia del presunto «engorde» de las facturas el 11 de noviembre de 2008. Una denuncia que recogió el Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló, generando diligencias previas y que «está todavía en la Fiscalía». Entre tanto ha pasado varios meses de baja laboral y coincidiendo con su retorno al trabajo el 28 de agosto pasado el inspector de turno le entregó los expedientes disciplinarios. Algo que, apuntan expertos en el tema, «es peculiar, porque al tercer expediente se podría despedir al trabajador afectado».
Romero se siente «juzgado y condenado por mis superiores, porque les molesto». Algo que no es nuevo, porque hay precedentes, como «lo que les ocurrió a unos compañeros míos durante el año pasado, que fueron denunciados y apartados del servicio. Tras la denuncia que presentaron el ayuntamiento les tuvo que readmitir e indemnizar en base a la resolución judicial, por el tiempo que estuvieron apartados del servicio».
En el año transcurrido desde su denuncia, el agente y su entorno han sido objeto de presiones por parte de los responsables de la Policía Local, según recoge en su denuncia del 9 de septiembre. En este tiempo, además de «veladas amenazas», se le ha impedido el acceso a documentación policial.