Multan a 3 patronales alimentarias por pactar los precios

­La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado con un total de 322.500 euros a las organizaciones interprofesionales de la avicultura (Propollo) y del huevo (Inprovo), así como a la patronal de panaderías asturiana (Ceopan Asturias) por realizar recomendaciones colectivas para llevar a cabo incremen­tos de precios en sus respectivos sectores. En concreto, el organismo que preside el alicantino Luis Berenguer ha decidido imponer una sanción de 200.000 euros a Propollo, de 100.000 euros a Inprovo y de 22.500 euros a Ceopan Asturias. Se trata de la resolución de los expedientes sancionadores incoados de oficio por la CNC al detectar que, a lo largo del verano de 2007, varias asociaciones empresariales del ámbito alimentario estaban publicando anuncios y notas de prensa y haciendo declaraciones a los medios de comunicación recomendando a sus asociados que repercutiesen la subida de costes de materias primas, con el consiguiente efecto de alza de precios de sus producciones. Según Compentencia, en todos los casos el contenido de las notas de prensa y las declaraciones posteriores pretendía establecer una «pauta común» para elevar los precios ante el alza de la materia prima, «sustituyendo así la libre iniciativa empresarial» de los agentes en el mercado.
Por este motivo, el consejo de la CNC ha considerado las recomendaciones colectivas como conductas «objetivamente restrictivas de la competencia, con aptitud para distorsionar las condiciones competitivas del mercado», y ha decidido sancionar a las tres organizaciones.
El presidente de la Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo (Propollo), el valenciano Federico Félix, anunció ayer que recurrirá la sanción, puesto que no ha llevado a cabo «ninguna práctica ilegal». «Estamos absolutamente convencidos de que no hemos hecho nada ilícito para ser sancionados», recalcó.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se felicitó ayer por las sanciones impuestas por Competencia y afirmó que se reserva el derecho de presentar acciones judiciales para resarcir los daños y perjuicios sufridos por los consumidores como consecuencia de las prácticas sancionadas. La OCU confió en que el resto de organizaciones que están siendo investigadas «sean también sancionadas», en alusión al expediente de asociaciones dependientes de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas.