Un fiscal pide imputar a una maltratada por volver con su agresor

­Una petición polémica. Durante el juicio celebrado esta semana contra un maltratador acusado de incumplir la orden de alejamiento al haber vuelto a convivir con su víctima, el fiscal solicitó a la juez no sólo que condenara al hombre, sino también que abriera un nuevo proceso contra ella al considerar que fue cooperadora necesaria para que su compañero violara la medida judicial. Esta posición difiere del criterio seguido hasta ahora por la Fiscalía de no acusar a las maltratadas en casos similares.
El hombre fue condenado en julio de 2008 a seis meses de prisión y a no poder acercarse a su víctima a menos de 500 metros por haberle propinado una brutal paliza que él mismo reconoció. Sin embargo, poco después, ambos reanudaron su relación y el agresor fue detenido el pasado julio, mientras paseaba con su pareja, por haber quebrantado la orden de alejamiento que pesaba sobre él.
Por este incumplimiento de la sentencia fue enjuiciado esta semana en un juzgado de lo Penal de Alicante y el fiscal solicitó para él una nueva pena de seis meses de cárcel. Sin embargo, el acusador público fue más allá al pedir a la juez que se investigara si la mujer, que reconoció haber regresado con su agresor de forma voluntaria y a sabiendas de la orden que pesaba sobre él, también cometió un delito.
El fiscal se basa en el artículo 28 del Código Penal, que recoge que no sólo son autores quienes cometen el hecho (en este caso el maltratador penado que incumplió la orden de alejamiento), sino también quienes cooperan para que lo ejecute. El representante del ministerio público sostiene que su deber «es el de perseguir el delito», si bien ahora «será la juez la que tendrá que decidir» si hace caso a su solicitud y actúa contra ella o no. En caso de que lo hiciera y se le llegara a acusar formalmente, la mujer podría enfrentarse a una pena de multa.
Los casos de maltratadas que perdonan a sus agresores y vuelven con ellos son frecuentes en los juzgados, pero no lo es que un fiscal pida que se actúe contra ellas. De hecho, el fiscal de Violencia de Género de la provincia, Ángel Alcázar, explica que existe una orden de la Fiscalía General del Estado para que no se acuse de cooperación a las mujeres en situaciones similares.
No obstante, matiza que esta medida puede adoptarse en casos «muy excepcionales». Por su parte, el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, ha asegurado que estudiará el asunto.
También los jueces parecen tener una postura clara de no proceder contra las maltratadas en estos casos. Al menos, ese es el criterio fijado por la Audiencia Provincial, que sostiene que los agresores que conviven con sus víctimas deben ser acusados, aunque ella dé su consentimiento, y que no se les puede procesar por cooperadoras.
Fuentes judiciales reconocen que hasta el tribunal provincial han llegado peticiones por parte de abogados para que se impute a las mujeres en estos casos, pero nunca procedentes de un fiscal. Todas las solicitudes fueron rechazadas.