­El Ministerio de Política Territorial ha remitido en los últimos días una carta a los municipios advirtiendo de que el último pago del 30% por las obras del Fondo de Inversión Local —Plan ZP— deberá ser adelantado por los propios ayuntamientos a los contratistas que están ejecutando las obras.

Así lo explica el Gobierno en un remitido —al que ha tenido acceso Levante-EMV— tras constatar que «desde hace algún tiempo, se vienen detectando ciertas cuestiones recurrentes» planteadas por los municipios. En este sentido, el ministerio se ampara en el Real Decreto-Ley que creaba el fondo, y aclara que el Gobierno enviará a los municipios el segundo pago «una vez que el Ayuntamiento haya abonado al contratista el 100% del importe del contrato, y por tanto, pueda justificar completamente la inversión realizada».

Lo cierto es que este modo de liquidación ha cogido por sorpresa a más de un municipio. El artículo 7 del Real-Decreto, que fija la «justificación y última remesa de fondos» establece: «Una vez recibida la justificación, la Dirección General de Cooperación Local dará orden para que se libre la última remesa de fondos por la diferencia entre el importe de la provisión previa efectuada conforme al artículo 6.3 [el 70%] y el importe real de la obra ejecutada».

Un artículo que, a la vista de la reacción de varios municipios consultados por este periódico, no aclaraba que los ayuntamientos debían adelantar a los contratistas ese 30% restante.

Lo cierto es que, ante este nuevo escenario, las arcas de la mayoría de municipios se ven ahora en una situación más que complicada. «¿De dónde saca ahora una ciudad mediana, por ejemplo, nueve millones de euros para pagar este 30% en efectivo si el problema de los ayuntamientos es precisamente que no tenemos liquidez?», se preguntaba uno de los concejales sorprendidos por la circular del ministerio.

Obras no prioritarias

De los casi 8.000 millones que ha puesto sobre la mesa el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) para toda España, en los municipios de la Comunitat Valenciana se están realizando proyectos por valor de más de 864 millones. Esto significa que ahora los ayuntamientos valencianos van a tener que sacar de algún lugar unos 260 millones de euros para anticiparlos a los contratistas antes de que el Gobierno envíe el dinero.

En algunos casos concretos, como la ciudad de Valencia, el consistorio tendrá que adelantar más de 42 millones [el 30% de los 142 millones del plan Zapatero en la capital].

A las quejas por la inoportunidad de este forma de pago, en plena crisis y con la carencia de liquidez de los ayuntamientos, desde algunos consistorios criticaron además la «innecesariedad del tipo de obras financiadas por el Plan ZP», a corto plazo, y que no se corresponden con las necesidades prioritarias de los municipios, vinculadas a proyectos de mayor envergadura.