Denuncian irregularidades contables en los ingresos urbanísticos en Alcalà

­
El ex funcionario del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert que llevó a los tribunales al alcalde, Francisco Juan Mars y a la concejala de Hacienda, Cristina Pinilla, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha pedido al juzgado número 2 de Vinaròs, que se ocupa de la investigación, que la amplíe para determinar si el alcalde incurrió también en estos delitos por haber mantenido una fiscalización «irregular» de los ingresos urbanísticos, una caja B.
Así se desprende del escrito de ampliación de denuncia presentado por el ex funcionario el pasado 8 de octubre y sobre el que el juzgado vinarocense –que tomó declaración como imputados al alcalde y la concejala el pasado mes de abril– aún debe pronunciarse. En el escrito, el ex empleado público se basa en sendos informes del interventor municipal contradictorios entre sí sobre cómo se fiscalizan en el consistorio los ingresos procedentes de las actuaciones urbanísticas en el municipio que, por ley, deben invertirse en ampliar el patrimonio municipal del suelo.
En el primero, fechado en 2007, se asegura que en el ayuntamiento se había sustituido la fiscalización previa de los derechos (urbanísticos) por la toma de razón contable mientras que un segundo informe, incluido en la cuenta general de 2008, «contradecía manifiestamente» esta afirmación al asegurar que en la contabilidad municipal «no existiendo inventario de bienes, tampoco se registra en la contabilidad municipal los saldos existentes en las cuentas del Patrimonio Municipal del Suelo; no obstante lo cual, a efectos de cumplir con la afectación de este tipo de ingresos, se produce un seguimiento extracontable del mismo».
Según el denunciante, de la documentación y los informes oficiales queda «clara la más que probable existencia de una caja B de patrimonio municipal de suelo, no sujeta a ningún tipo de control». Precisamente la investigación ya abierta en el número 2 de Vinaròs, y por la que está imputado el alcalde, se centra en el destino que se dio al millón de euros obtenido de la subasta de una parcela pública y que, en principio, debería de haberse empleado para aumentar el patrimonio municipal. La investigación se amplió a petición de la Fiscalía que vio indicios de delito al relacionar estos ingresos con el pago de retribuciones a los funcionarios municipales de forma «irregular». El alcalde siempre mantuvo que el dinero se destinó a adquirir terrenos para la depuradora municipal.

Relación con los robos
La petición de ampliación de la denuncia llega después de que este verano la casa consistorial de Alcalà de Xivert sufriera dos robos consecutivos en poco más de un mes en los que desapareció del despacho del alcalde su portátil, y algo de dinero, además de verse afectados los despachos de Intervención y Secretaría de los que podría haberse sustraído documentación. El denunciante y ex funcionario, Óscar Martí, ha presentado además un escrito ante el juzgado para solicitar prestar él mismo declaración al respecto ya que está convencido de que, pese a que la Guardia Civil «imputó los robos a dos delincuentes comunes, los hurtos y las presuntas irregularidades contables en el consistorio están relacionados», aseguró. Así, se ha ofrecido a declarar como técnico redactor de numerosos informes relacionados con la investigación para identificar «cuáles son los expedientes sensibles» para que se averigüe si han sido sustraídos.