La Generalitat respalda las modificaciones del PGOU de Castelló anulado por el Supremo

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda considera que la anulación judicial del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló de 2000 (PGOU) no afectará a ni a las obras ya desarrolladas ni a las modificaciones posteriores, por lo cual «no tiene previsto solicitar la anulación de estos actos».
Esta fue la respuesta oficial del Consell a preguntas de la diputada de Compromís Mireia Mollà, que también había exigido aclaraciones sobre las posibles irregularidades del nuevo proceso de exposición pública por diversos motivos: la falta de adaptación del plan expuesto a la nueva legislación vigente que exige más zonas verdes y protegidas, ignorar las sentencias firmes posteriores, la creación «ilegítima» de un vial dentro del parque Ribalta –protegido como Bien de Interés Cultural– y el desarrollo industrial del Serrallo sin cumplir las distancias respecto a la población.
Al contrario que en la pregunta de las modificaciones posteriores, la Generalitat no quiso pronunciarse sobre estas cuestiones hasta que no quede «tramitado el expediente correspondiente y de conformidad con la legislación aplicable».
A pesar de que los técnicos municipales están forzando la máquina, el Ayuntamiento de Castelló no podrá cumplir su objetivo de llevar al pleno del mes de octubre la aprobación provisional del plan, dado que los técnicos aún no han terminado de responder las alegaciones y es una incógnita si los tiempos legales permitirán que el proceso se complete durante el mes de noviembre.
Mientras tanto, el departamento de Urbanismo sigue sumido en una situación de desconcierto que ha paralizado decenas de proyectos y licencias de actividad. El principal obstáculo se debe a que la ley establece que, durante el proceso de exposición pública, las nuevas licencias deben cumplir tanto los requisitos del plan vigente (en este caso el de 1984) como del plan en fase de aprobación, en este caso el de 2000. Las licencias de obras mayores se han reducido casi a cero.
El alcalde, Alberto Fabra, ha manifestado en público que se limitará a cumplir de forma literal el contenido escrito de la sentencia emitida el pasado mes de diciembre por el tribunal, interpretando así que el Tribunal Supremo tan sólo obliga a abrir un nuevo periodo de exposición pública.
Pese a ello, decenas de vecinos han impugnado incluso el acto de exposición pública del plan por entender que el PGOU expuesto al público «es irreal» al no incorporar las 10 grandes modificaciones aprobadas durante los últimos 9 años, diez planes especiales, 20 planes parciales, más de 20 estudios de detalle, una decena de planes de reforma interior y cerca de 100 Programas de Actuación Integrada (PAI).
Además, colectivos como SOS Ribalta y el grupo socialista entienden que el planeamiento urbanístico debe cumplir lo establecido en la Ley Urbanística Valenciana (LUV), la Ley del Suelo y la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
La aplicación de la nueva normativa implicaría la multiplicación de los metros cuadrados de suelo protegido, la reubicación de las zonas verdes situadas en rotondas inaccesibles, un plan de participación ciudadana y un estudio de paisaje.