NACHO MARTÍN
El Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana han iniciado expedientes sancionadores contra los chiringuitos de la playa del Gurugú que defiende el Ayuntamiento de Castelló debido a excesos de ocupación y a superaciones del límite de ruido permitido durante la temporada de verano 2009, según confirmaron ayer fuentes de ambas administraciones.
La postura de la Dirección General de Costas del ministerio no es nueva y las sanciones se suman a las correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008. Sólo estos tres expedientes han obligado al ayuntamiento a pagar multas por valor de más de 100.000 euros. El incumplimiento fue llevado a cabo por las empresas de los chiringuitos, pero es el ayuntamiento el que autorizó la concesión de explotación de playas y por ello debe responder ante el ministerio con el pago de las multas.
La ley permite que el ayuntamiento requiera posteriormente el reembolso de las sanciones a las empresas concesionarias, que a pesar de su buena sintonía con el gobierno local se niegan a pagar en periodo voluntario y alegan que recurren la multa porque la consideran «injusta y desmedida». Según fuentes próximas al ministerio, la sanción por la ocupación de 2009 rozaría de nuevo los 50.000 euros.
A este respecto, el edil socialista Javier Peris advirtió que el ayuntamiento «no tiene por qué pagar con el dinero de todos las sanciones a unas empresas que han infringido la ocupación permitida por la ley». En la misma línea, el portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, subrayó que, sin entrar en el fondo del asunto, «no puede ser que el ayuntamiento deba adelantar 100.000 euros de sanciones a empresas que incumplen el espacio cada año». Por su parte, el edil de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, subrayó que el consistorio «atenderá a la legalidad vigente y todas las sanciones que se deban repercutir en las empresas se repercutirán, aunque ellos están en su derecho de recurrir. El ayuntamiento defiende el derecho de los veraneantes y de los chiringuitos, pero también aplicará la ley hasta sus últimas consecuencias».
Esta presión se acrecienta con las sanciones de la Generalitat Valenciana, que tampoco ha condonado las multas a pesar del respaldo público de la Conselleria de Turismo al manifiesto de los tres ayuntamientos de la Comunitat para que el Gobierno cambie la Ley de Costas y legalice los chiringuitos. De hecho, el Consell ha emitido multas por valor de más de 100.000 euros durante los últimos cuatro años para castigar la contaminación acústica de las instalaciones de ocio nocturno del Gurugú.
Mientras tanto, el portavoz de uno de los chiringuitos afectados subrayó que las sanciones «están provocando que nuestro negocio sea insostenible» y reclamó la regulación legal para «unas instalaciones que demanda la sociedad y que existen desde hace 25 años».