Subdelegación exigirá que los chiringuitos no excedan los 20 m.

El gobierno rechaza las peticiones de Castelló, Valencia y Alicante y defiende la ley de Costas

NACHO MARTÍN ­
La Subdelegación del Gobierno de Castelló confirmó ayer que no permitirá el próximo verano que los chiringuitos del Gurugú superen los 20 metros cuadrados y rechaza las peticiones del manifiesto de los tres ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Turismo.
Según los portavoces de la delegación castellonense, el Estado aplicará la ley con todas sus consecuencias y mantiene la postura que ya anunció el pasado mes de mayo.
Esta es la respuesta oficial al manifiesto que el martes signaron los ayuntamientos de Castelló, Valencia y Alicante para exigir al Ministerio de Medio Ambiente que cambie la Ley de Costas de 1988 al objeto de permitir la instalación de los establecimientos hosteleros y los desmontables de ocio nocturno que desarrollan su actividad en la playa.
En respuesta al escrito, la Dirección General de Costas sostiene que su permisividad de los últimos años sólo ha sido respondida con continuos incumplimientos de las dimensiones máximas de 150 metros que se concedían de forma excepcional a las instalaciones de temporada.
De hecho, la Ley sólo autoriza una ocupación de 150 metros a las estructuras fijas al tiempo que limita las desmontables a 20 metros, una condición que a partir de 2010 se exigirá de forma taxativa y que impedirá el montaje de las discotecas nocturnas del Gurugú tal como se han conocido durante los últimos 20 años.
A este respecto, la Subdelegación se remitió al posicionamiento que anunció el pasado mes de mayo la jefa provincial de Costas, Lidia Pérez. «La ley es clara en cuanto a la superficie y las dimensiones. El Ayuntamiento de Castelló tiene que hacer un esfuerzo y, si cree que es conveniente mantener los chiringuitos, reubicarlos fuera de la arena de la playa».
En esa misma comparecencia, el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, advirtió al consistorio que la Ley «no puede hacer una excepción con este caso y lo que tiene que hacer el ayuntamiento es buscar otra ubicación».
Los Ayuntamientos de Castelló, Valencia y Alicante firmaron el miércoles en la capital de la Plana un manifiesto conjunto, respaldado por la Conselleria de Turismo, que exige al Ministerio de Medio Ambiente que modifique la Ley de Costas de 1988 y legalice los chiringuitos de playa que pretende prohibir en 2010. Este escrito fue signado por el edil de Sostenibilidad y Disciplina Urbanística de Castelló, Gonzalo Romero y la concejala de Playas de Valencia, Lourdes Bernal, y la concejala de Turismo de Alicante, Marta García.
El documento impulsado por los tres ediles del Partido Popular no clarifica una definición de los usos concretos y reivindica que «se reconozca al chiringuito como elemento singular que por su naturaleza exige ser ubicado en la zona de dominio público marítimo terrestre y que debe contar con características adecuadas a la necesidad de la ciudadanía, tanto en medidas de autorización y explotación, como en protección del entorno y promoción del turismo».
Asimismo, reivindica «el derecho al ocio de los veraneantes y la defensa del sector turístico de la Comunitat, así como la de miles de empleos directos e indirectos».
Los locales afrontan multas del ministerio y de la Generalitat
La decisión del Ministerio de Medio Ambiente de aplicar con todo su rigor la Ley de Costas de 1988 se está traduciendo también en sanciones económicas al Ayuntamiento de Castelló y a los establecimientos que él ha autorizado en la playa. A este respecto, las empresas del sector cuestionan una presión que consideran «injusta y desproporcionada» y se enfrentan también a otras multas que en este caso provienen de la misma Administración que supuestamente las defiende frente al Gobierno.
No en vano, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Generalitat Valenciana han iniciado expedientes sancionadores contra los chiringuitos de la playa del Gurugú que defiende el Ayuntamiento de Castelló debido a excesos de ocupación y a superaciones del límite de ruido permitido durante la temporada de verano 2009.
La postura de la Dirección General de Costas del ministerio no es nueva y las sanciones se suman a las correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008. Sólo estos tres expedientes han obligado al ayuntamiento a pagar multas por valor de más de 100.000 euros y este año se está tramitando ya una nueva sanción de hasta 50.000 euros por la temporada 2009. El incumplimiento fue llevado a cabo por las empresas de los chiringuitos, pero es el ayuntamiento el que autorizó la concesión de explotación de playas y por ello debe responder ante el ministerio con el pago de las multas. La ley permite que el ayuntamiento requiera posteriormente el reembolso de las sanciones a las empresas concesionarias, que se niegan a pagar en periodo voluntario. Esta presión se acrecienta con las sanciones de la Generalitat en un expediente de hasta 100.000 euros por contaminación acústica.