Alarte incluye a 3 empresarios de Castelló en la querella por la financiación ilegal del PP

­En términos futbolísticos se diría que los socialistas valencianos no sólo no han renunciado a disputar el partido sino que han decidido poner la pierna. El tiempo dirá si hay lesiones, pero, de momento, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha hecho valer su tesis frente a las de Ferraz y ha incluido a las cuatro constructoras (Sedesa, Lubasa, Facsa y Enrique Ortiz) y a la consultora PIAF en la querella que por siete presuntos delitos de corrupción presentó ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano. Lejos de aparcar o descafeinar la iniciativa jurídica, como defendía la secretaria de organización federal, Leire Pajín, el PSPV ha abierto al máximo el objetivo en el enfoque de la querella para acusar a diecisiete políticos y empresarios.
Desde el presidente Francisco Camps y el vicepresidente Rambla a toda la plana mayor del PP (Ricardo Costa, David Serra o Yolanda García) y la cúpula de la red Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez «El Bigotes» o Cándido Herrero), pasando por el ex director general de RTVV, Pedro García.
La querella, firmada por la dirección parlamentaria y destripada ayer por su portavoz, Ángel Luna, ante la prensa se formula por los presuntos delitos de cohecho, malversación, falsedad documental, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. En el documento, de 25 páginas, se describe el papel de cada uno en el entramado empresarial creado para fabricar dinero negro, que se exportaba a la caja B central de Correa en Madrid, de ahí a paraísos fiscales y volvía blanqueado a través de inversiones de sociedades patrimoniales en España o en el extranjero o ampliaciones de capital de las primeras.

Rambla, 476.418; Costa, 253.460
A Rambla se le acusa de «controlar las adjudicaciones» de la Generalitat a la trama, así como la «financiación de empresarios». Se cita, como «lo más relevante», que aparece en los archivos de la caja B de Orange Market «en una cuenta con las siglas VR por un débito de 476.418,27 euros». En los mismos archivos aparece «una cuenta a nombre de Ricardo Costa por un débito de 253.460,62 euros».
Francisco Camps es incluido también como presidente del PP y, antes, secretario general del partido, por el congreso de 2002 en el que Special Events cobró 150.000 euros en negro, la mayoría de los cuales acabó en una cuenta personal de Correa. Las adjudicaciones de la Sociedad para la Promoción de la Imagen y por los montajes de Orange Market en Fitur, dos de cuyas ediciones fueron amañadas según varias grabaciones, han llevado a implicar, entre otras personas, a Dora Ibars. El dinero ilegal se generaba hinchando facturas de actos y campañas del PP montados por Orange Market —exportó a 2.608.248 euros en B a Correa en 2007— y pagados, en parte, por las empresas, que recibieron contratos del Consell como pago de favores.
Las cuatro constructoras y la consultora PIAF recibieron, solas o en UTE, más de 835 millones de euros en contratos de la Generalitat entre 2005 y 2009. La que más, Sedesa, con 539.016.098 euros. Se amplían en otros 203 millones si el cómputo se remonta a 1999, según las cuentas que hizo este diario. Facsa obtuvo 13.876.078 euros en esos cuatro años; Enrique Ortiz e Hijos, contratos por 205.249.738 euros; Lubasa, 77.337.451 y PIAF, 201.082 euros. Son datos del informe elaborado por la Udef de la policía judicial, la principal fuente de inspiración de la querella socialista. En aras de aclarar si existe, como sostiene la Brigada de Blanqueo, relación causa-efecto entre los contratos recibidos y los pagos de las constructoras a Orange Market por actos del PP —al menos 500.000 euros en negro o en facturas falsas por servicios que nunca les prestó la empresa de Álvaro Pérez— los socialistas piden que el TSJ solicite todos los «expedientes de contratación» de los concursos y subastas ganados por las empresas.
De igual modo, se reclama la investigación de las adjudicaciones a Orange Market, Easy Concept y otras ocho empresas de Correa. Preguntado por la inclusión de las constructoras, al mismo nivel que la cúpula Gürtel y la plana mayor del PP, Ángel Luna explicó que no habría sido «ni serio ni razonable» orillar del escándalo a «algunos de los autores de esas conductas» supuestamente ilegales. ¿Consideran que las constructoras son o no víctimas del escándalo? Esta fue su reflexión por respuesta: «Los empresarios no regalan dinero. Cuando aportan es porque reciben presiones de todo tipo, pero cuando se reciben presiones, más si son ilegales, también hay que saber soportarlas». Dicho esto, matizó que cuando llegue la hora de calificar los hechos jurídicamente, ya se verá como se reparten «agravantes o atenuantes». No dijo eximentes.

El Papa, RTVV y las comisiones
El relato de hechos de la querella, con el reparto de papeles de los 17 acusados y los 20 testigos que se citan (todos los alcaldes y candidatos que aparecían en la llamada Hoja Alcaldes sobre actos municipales del PP presuntamente financiados de forma ilegal), se fundamenta, además de en el informe de la policía judicial, en los datos del pendrive incautado al contable Izquierdo, las declaraciones judiciales de los imputados, o la contabilidad A y B encontrada en las sedes de las empresas y en el piso franco de la calle Serrano de Madrid.
Ha sido clave un segundo informe policial sobre la visita del Papa a Valencia. Es percha para incluir a Pedro García en la querella, dado que el director general de RTVV, adjudicó un contrato de 6,4 millones de euros a Teconsa, del que se desviaron 957.000 euros en comisiones a la trama. También se pide una pericial para calcular el fraude fiscal por el dinero B de Orange Market. Esto es, lo que los presuntos atracadores se ahorraron en impuestos al no declarar a Hacienda el botín.