Inspectores de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación investigan la quiebra de Dental Line, una empresa que ha dejado en Castelló a cerca de 50 personas sin tratamiento bucodental, a pesar de que muchos ya habían adelantado cantidades a cuenta entre 3.000 y 12.000 euros.
Los inspectores han visitado ya la delegación de Castelló para pedir documentación y datos de las personas afectadas por la quiebra. Según fuentes de la empresa, en los últimos días los gerentes de Dental Line no han dado la cara y han sido los propios empleados los que han tenido que atender las quejas de los pacientes.
Ayer, fuentes del Consell aseguraron que ante el cierre de varias clínicas odontológicas de Dental Line en toda España, «viendo la existencia de diez centros en la Comunidad Valenciana y ante las reclamaciones recibidas al respecto en los Servicios Territoriales de Consumo de Alicante y Valencia (6 reclamaciones hasta la fecha), los Servicios de Inspección de Consumo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, están llevando a cabo actuaciones en toda la Comunidad para averiguar cuál es la situación». Según las fuentes, se trata de recabar información sobre el número de afectados, tipos de contratos suscritos según tratamientos, y si han acordado con otros centros dentales la cobertura de las garantías establecidas por la legislación.
El Consell quiere saber además si se han solicitado créditos que puedan estar vinculados o no a la prestación del servicio.
«Asimismo, y viendo que son varias las comunidades autónomas afectadas (Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid) se va a proceder a poner dichos hechos en conocimiento del Instituto Nacional de Consumo, por si fuera necesario desarrollar una actuación coordinada por parte de todas las comunidades afectadas, así como conocer los resultados del expediente informativo que la Junta de Andalucía ha abierto a dicha empresa, puesto que la sede social de la misma se encuentra en dicha comunidad (Granada)».
La conselleria recuerda que es el propio consumidor quien tiene que hacer entrega de las copias de las reclamaciones en los Servicios de Inspección de Consumo de la Conselleria, en las OMIC´s o en los Servicios Territoriales.
«Es posible, por tanto, que al menos un centenar de reclamaciones cumplimentadas no hayan sido entregadas aún a los registros correspondientes». Industria recuerda además que es el propio establecimiento el que tiene que adquirir las hojas de reclamaciones. «Si se le han agotado deben dirigirse a la administración para obtener más».
El Gobierno valenciano ha puesto a disposición de los afectados el siguiente teléfono: 900 500 222. Según ha podido saber Levante de Castelló, al menos 6 afectados han rellenado ya sus hojas de reclamación para enviarlas a la Inspección como paso previo a una denuncia colectiva que podría estar presentada en los juzgados en los próximos días.
Carmen Amores, portavoz de Avacu, aseguró ayer que «empezamos a recibir afectados, sobre todo en la zona de Alicante. Estamos recopilando toda la documentación de que disponen para estudiar caso por caso. De momento no hemos denunciado hasta ver la magnitud y el alcance de la situación».
En Castelló, una mujer de 84 años aseguró a este diario que tras meses de revisiones y aplazamientos, se ha quedado sin un puente dental fijo, a pesar de que adelantó 3.000 euros que no ha recuperado.
Asesoramiento legal
Tras la noticia del cierre de diversas clínicas de la empresa Clínicas Dental Line S.A. dedicada a tratamientos relacionados con la salud buco-dental, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios se puso a disposición de los posibles pacientes afectados por dicho cierre para estudiar y valorar las acciones pertinentes a llevar a cabo.
Avacu ha verificado, tras contactar con algunos de los centros, que la mayoría de las diversas clínicas de la empresa ubicadas en nuestra Comunidad se encuentran en proceso de cierre, «pero que están intentando finalizar algunos de los tratamientos ya comenzados, según nos han informado trabajadores de las clínicas». «Desde Avacu recomendamos a los posibles afectados que, en primera instancia, acudan al centro donde les están realizando el tratamiento, para que la empresa les ofrezca una solución».