11 municipios de Castelló se niegan a que el Síndic audite sus cuentas

El Síndic exigirá por quinta vez cortar las ayudas a los municipios de su lista negra

FRANCESC ARABÍ ­
Si un ciudadano decide no pagar el IBI, el impuesto de vehículos o una multa de tráfico impuesta por la policía local tiene todas las papeletas para acabar abonando las deudas, con el recargo pertinente y unos cuantos problemas. Si el alcalde de ese mismo vecino decide saltarse la ley y no remitir la cuenta general a la Sindicatura de Comptes no pasa nada. La única pena consiste en que el ayuntamiento rebelde, no el alcalde ni el interventor, aparece inscrito en la lista negra de los que evitan al órgano fiscalizador de las cuentas públicas, entre ellas las de la Generalitat, municipios y otras entidades locales.
Para que la pena tenga mayores consecuencias que la presencia simbólica en el panel de los proscritos, el Síndic, Rafael Vicente Queralt, incluirá en la Cuenta General de las Entidades Locales 2007, informe que saldrá en breve, la recomendación de que se introduzcan cambios legales —empezando por la Ley de Régimen Local— para que se penalice a esos consistorios cortándoles el grifo de las ayudas y subvenciones. La petición se incluirá por quinta vez desde 2003 y será de tenor parecido al apartado «d» del capítulo de recomendaciones que figuraba en el informe de 2006: «Se considera necesario que se dicten disposiciones legislativas, tanto en el ámbito de las competencias de la Administración del Estado como en las de la propia Comunitat Valenciana, para reforzar el cumplimiento por las entidades locales de la obligación de presentar sus cuentas».
Un cambio en el que se incluiría la citada prohibición de acceso a ayudas, del mismo modo que una empresa no puede aspirar a contratos, concesiones públicas o subvenciones si es morosa con la Administración. En este sentido, apuntaba el informe: «A modo de ejemplo, a las entidades locales se les deberían aplicar requisitos análogos a los que se establecen para percibir alguna ayuda o subvención, exigiéndose previamente, la presentación de las cuentas, como se exige estar al corriente de las obligaciones con la Hacienda Pública o la Seguridad Social».
Cuando se cerró el plazo, varias veces ampliado, para que los consistorios remitieran las cuentas de 2007, eran en torno a 80 los consistorios y otras entidades (consorcios o mancomunidades, entre otras) que no habían cumplido. Ayer, quedaban 56 en la lista negra que la Sindicatura actualiza semanalmente. Entre esas entidades, los 42 ayuntamientos que figuran en el cuadro que acompaña a esta información. Fuentes de la Sindicatura indicaron que, pese a todo, la valenciana es la comunidad con menos indisciplina municipal en este asunto. En torno al 92% de los 542 municipios y el 97% de la población está cubierta por el informe de la Cuenta General de las Entidades Locales de 2007, si bien fue una cosecha con más rebeldía que la de 2006. Entre las razones que explican la abrumadora mayoría de los que se someten a la ley, está la insistente presión ejercida desde el órgano fiscalizador de las cuentas públicas. Por ejemplo, a base de informes como el que se está preparando sobre 15 consistorios especialmente reincidentes en su negativa a remitir la contabilidad. Ayuntamientos como los de Xodos, Segart, Benafigos, Orxeta o Ludiente o no se han enterado de la obligación de rendir cuentas o tomaron la decisión de echarse al monte ya en el año 2000. Y ahí siguen.
La fiscalización de la contabilidad se realiza a los consistorios elegidos por un muestreo. ¿Al azar? No. Se siguen unos criterios para seleccionar los que se auditarán. La presencia en la lista negra de años anteriores fue, por ejemplo, una de las pautas aplicadas en 2007. Otra, la existencia de denuncias o peticiones de auditoría desde los partidos situados en la oposición municipal.