Fabra incumple las premisas que Rajoy quiere imponer en el PP

­La cruzada por la transparencia y contra la corrupción puesta en marcha como respuesta al caso Gürtel por el líder del PP, Mariano Rajoy, supone todo un examen para los alcaldes y presidentes autonómicos del partido en toda España, que corren el riesgo de quedar en evidencia si no superan esta prueba del algodón. En la Comunitat Valenciana, el Consell de Francisco Camps y el PP incumplen o han incumplido en algún momento al menos 14 de las 50 medidas del decálogo de Rajoy, presentado este fin de semana como base para un gran pacto entre los partidos.

Declaración de bienes oculta, exceso de asesores y regalos
Rajoy pide en su documento «hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos». Camps y el PP suspenden. No sólo no han publicado su declaración tras las reiteradas peticiones de la oposición sino que las Corts impidieron en 2007 que los diputados del PSPV publicaran sus bienes en la web de la institución. Tuvieron que hacerlo en la web del partido. Recientemente, el PP sí difundió a través de una nota de prensa los bienes del presidente Camps, en pleno caso Gürtel.
Rajoy también pide «limitar» el número de asesores. En este punto, destaca por ejemplo el caso del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, que cuenta, según denuncia la oposición, con 41 asesores en la corporación.
Otro asunto polémico es el de los regalos a cargos públicos, que el presidente del PP quiere prohibir siempre que exceda los usos y costumbres sociales. Los obsequios han sido uno de los asuntos que más ha afectado al PP valenciano en relación con el caso Gürtel. Y es que el presidente Camps y otros cargos como la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, o los consellers Cotino y Font de Mora aparecían como destinatarios de regalos de Navidad realizados por El Bigotes, según la documentación contable intervenida a la trama. Camps, además, llegó a estar imputado por haber recibido presuntamente trajes de la trama, aunque la causa fue archivada.
A estas medidas sobre los cargos se une la exigencia de «separar lo público y lo privado», por ejemplo «racionalizando el uso de vehículos». Curiosamente, hace unos meses, algunos conductores de la Generalitat denunciaban el «uso abusivo» del coche oficial, que en ocasiones utilizaban para asuntos privados, como «ir a misa».

Fraccionamiento de contratos
En cuanto a la gestión pública, el decálogo de Rajoy pide «evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el abuso de contratos menores». Esto se ha convertido en una anomalía casi habitualmente reseñada por la Sindicatura de Comptes. También es una constante la adjudicación de contratos «a dedo». Sin ir más lejos, el Síndic de Comptes detectó anomalías en el 95% de los contratos fiscalizados en el informe 2007; en muchos casos las incidencias afectaban a los principios de publicidad y concurrencia.

Política urbanística
El decálogo de Mariano Rajoy presta especial atención a un asunto sensible de la realidad valenciana: la política urbanística. El dirigente pide terminar con la «hiperregulación», procurando una «simplificación y clarificación normativa». En este sentido, todavía está pendiente que el Consell simplifique el intrincado paquete legislativo aprobado en los últimos años. En junio pasado la Conselleria de Urbanismo encargó esta misión a una comisión formada por tres catedráticos de Derecho. La idea, expresada por el fallecido García Antón —entonces conseller—, era crear un «documento que unifique la normativa urbanística para que sea sencilla y rigurosa».
En materia urbanística, Rajoy también apuesta por la «paralización definitiva de urbanizaciones e inmuebles construidos ilegalmente». Respecto a este extremo, la conselleria prometió a finales de 2006 (González Pons) una cruzada contra las casas ilegales, que se ayudaría de la tecnología —imágenes aéreas— para detectar construcciones ilegales en suelo no urbanizable. Año y medio después, aquella cruzada se saldó con la apertura de 26 expedientes.

Control de la gestión
Estas iniciativas están incluidas en un paquete de medidas para incrementar la transparencia en la gestión. En este bloque Rajoy también pide «regular la comparecencia en pleno o en comisiones informativas de los directivos de organismos y empresas»; algo a lo que el PP se niega sistemáticamente, según denuncia la oposición. Tampoco son habituales otras medidas de control interno, como «facilitar la creación de comisiones de investigación» que ahora pide Rajoy. La del accidente de metro en 2006 —resuelta en pocos días— es la única que se recuerda en tiempos de Camps.
Finalmente, Rajoy propone la aprobación de códigos de buen gobierno, algo a lo que se negó el Consell a finales de 2005, cuando lo solicitó el PSPV tras la iniciativa aprobada por Zapatero en este sentido. Rita Barberá sí se comprometió en este sentido en el Ayuntamiento de Valencia.