Un juez investiga si el alcalde de Benicàssim ha prevaricado con el centro termal

El ayuntamiento asegura que todo el proceso en el Pontazgo tiene «la garantía de la ley»

RAMÓN PARDO ­
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló ha acordado abrir diligencias previas para investigar el acuerdo del Ayuntamiento de Benicàssim por el que se adjudicó la construcción de un centro termal en el PAI del Pontazgo. Una decisión que los denunciantes, Iniciativa Aquaspa SL cuyo representante legal es el ex conseller Joaquín Farnós, estima irregular por un presunto incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad. La denuncia plantea un delito de prevaricación administrativa, en el caso de los ediles que aprobaron la contratación –todo el equipo de gobierno–, y urbanística para el secretario de la corporación.
La querella se ha presentado tras la aprobación, en el pleno de febrero del pasado año, de la adjudicación del contrato de obras a Altiplá SL para la construcción del Centro Termal Agua Marina. Acuerdo que los denunciantes consideran que se efectuó de «una forma totalmente fraudulenta, pues se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, no permitiendo que otras mercantiles puedan presentar proposiciones que hubieran podido ser evaluadas conforme a criterios objetivos que constarían en los pliegos y, por tanto, haber adjudicado la construcción a la mejor oferta».
El escrito de denuncia que ha dado pie a la apertura de diligencias recoge en sus conclusiones que el consistorio que preside Francesc Colomer modificó de «forma totalmente ilegal» el contrato por el que se adjudicó a la mercantil Altiplá la condición de agente urbanizador, «sin justificar el concreto interés general que con ello se persigue ni cual es la motivación concreta que, además, debe ser imprevista, es decir, que no se hubiera podido tener en consideración con anterioridad».
Las modificaciones aludidas se refieren a que la oferta de Altiplá en 2003 incluía la obligación de aportarle al ayuntamiento 1,8 millones para construir un aulario, sin coste para los propietarios. Sin embargo, el 15 de mayo de 2007, el edil de Urbanismo, Rubén Bellido, apunta la denuncia, plantea una modificación al contrato de 2003 e incluye, además del aulario, la construcción de otra infraestructura, en este caso el Centro Termal.
Esta modificación, añade la querella, «supone la fraudulenta adjudicación a esta mercantil del contrato de obra pública necesario para la construcción del Centro Termal de Agua Marina, sin observar el procedimiento legalmente previsto para ello».
Una forma de actuar que «estima completamente prevaricadora por arbitraria, pues el Ayuntamiento de Benicàssim ha adjudicado, de forma directa, un contrato público sin ni siquiera haber redactado el necesario proyecto, ni iniciado el procedimiento de licitación del mismo que, al menos, debería garantizar la publicidad y la concurrencia», recogen los querellantes.
La denuncia plantea que, de seguir adelante el procedimiento, se interrogue como querellados a todos los concejales del grupo de gobierno de Colomer y el Secretario. Igualmente solicita el testimonio del representa de Altiplá, del arquitecto municipal, del edil de Urbanismo y un funcionario.