La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, anunció ayer en Valencia la intención del PPCV de manifestarse en Madrid —«ante la Moncloa»— para exigir al presidente del Gobierno una «financiación local justa y equitativa». Castedo emplazó al partido a poner «día y hora en una semana» a una protesta municipalista que «encabezará» la Comunitat Valenciana. La exigencia del PPCV es que la reforma del modelo de financiación local se aborde «ya» y no en 2011, como está previsto.
La manifestación en Madrid fue el anuncio más llamativo de una convención sobre financiación local que reunió en torno a Francisco Camps a buena parte del Consell —Rambla, Cotino, Blasco, Font de Mora, Such o Cervera—, a la cúpula del partido —con el secretario general Antonio Clemente a la cabeza—, los tres alcaldes de capital, los presidentes provinciales —estuvo José Joaquín Ripoll, de Alicante; pero faltó Carlos Fabra, de Castelló— y a los alcaldes más importantes del partido.
Como era previsible, todos los dirigentes que intervinieron —Camps, Alfonso Rus, y los alcaldes de las tres capitales, Rita Barberá, Alberto Fabra y Sonia Castedo— coincidieron en culpar exclusivamente al Gobierno de España de los problemas de financiación de la administración local: «La única receta es el empleo; y el único camino, que Zapatero se vaya a casa», sintetizó Francisco Camps.
Pero al margen de los reproches al Gobierno, los populares presentaron unas conclusiones con el objetivo de mejorar la capacidad financiera de los municipios. Además de convocar la manifestación, la alcaldesa alicantina, que coordinó la ponencia de gastos, instó al Gobierno a que reforme la ley del IVA para que «en las operaciones en que los ayuntamientos sean consumidores finales» el tipo de gravamen pase del general del 18% al reducido del 7%.
Asimismo, los populares exigieron al Gobierno que devuelva a los ayuntamientos el IVA generado en la contratación de las obras del primer Plan Zapatero; también el que se generará en el nuevo fondo para 2010. Castedo igualmente lanzó un propuesta a los consistorios: «Que los tributos que se pagan a los municipios puedan pagarse a plazos» ante la «delicada situación» económica.
La alcaldesa de Alicante se refirió a los servicios impropios —los que presta determinada administración aunque no le corresponda— y pidió que se «definan los tres niveles de la administración y los servicios que se deben prestar».
Por su parte, el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, planteó como medida ante la situación de los ayuntamientos un ajuste en las plantillas y en el salario de los funcionarios, tal como contó ayer este diario: «Se tiene que redimensionar en el seno de cada ayuntamiento el volumen de personal para priorizar la eficiencia en los servicios y rentabilizar las nóminas». Del mismo modo, Fabra, que coordinó la ponencia de gastos, recomendó que desde la federación de municipios se fije un baremo de sueldos que sirva a los alcaldes como guía para aplicar a los funcionarios. Fabra lamentó que sólo en personal los ayuntamientos tengan unos gastos fijos de entre el 30% y el 40% del presupuesto.
Tras los debates de las dos ponencias, que ocuparon buena parte de la mañana, Barberá, Rus y Camps clausuraron el acto. Tres análisis de la situación financiera de los ayuntamientos en los que la autocrítica brilló por su ausencia; justo el día después en que el PSPV cifró en 1.662 millones la deuda del Consell con los ayuntamientos de Valencia. La alcaldesa Barberá denunció que este año Valencia ha sufrido un «zarpazo» del 20% en los ingresos procedentes del Gobierno; un recorte con el que, según denunció, ha financiado las obras del Plan Zapatero: «La mayor tropelía bajo el yugo del Gobierno sectario», espetó Barberá.
Por otro lado, el responsable de Política Municipal del PSPV, José María Ángel, aseguró que el PPCV «no afronta ni resuelve los problemas de los valencianos», y opinó que la convención es «una ocurrencia más» de Camps.
