Una sentencia de la Audiencia Nacional obliga al Ministerio de Fomento a compensar al Ayuntamiento de Castelló con más de medio millón euros por la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que el Estado concedió a la empresa concesionaria de la autopista (Aumar) durante los ejercicios 2005 y 2006.

Este fallo judicial, emitido el pasado 27 de enero, concluye que Fomento tiene la obligación de pagar al consistorio el equivalente a los tributos locales del IBI de los cuales el Estado eximió a Aumar gracias a la Ley de Autopistas.

A este respecto, los magistrados recuerdan que el Estado puede intervenir para conceder exenciones de impuestos municipales, pero tiene la obligación de compensar a la entidad local afectada. «Nuestra legislación responde ya de antiguo al principio de que, en aras a preservar la suficiencia financiera de los entes locales, en caso de que el Estado establezca un beneficio fiscal sobre tributos locales, el importe de tal beneficio debe ser compensado por el Estado al ente local».

Con este mismo argumento, el tribunal redunda en la idea de que los ayuntamientos, en este caso el de Castelló, ostentan el derecho a financiarse gracias a los tributos municipales para poder asumir las funciones que les son atribuidas. «Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas».

La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo, una opción que el Gobierno podría agotar si decide actuar del mismo modo que lo hizo en el contencioso que perdió en octubre de 2009 contra el Ayuntamiento de Vila-real. En este caso, el fallo judicial fue del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid por la misma cuestión y por una cantidad económica casi idéntica–530.000 euros–.

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Castelló, Juan José Pérez Macián, manifestó su satisfacción y subrayó que confía en recibir la compensación del tributo en años sucesivos. «Desde el equipo de gobierno consideramos que todas las empresas deben ser tratadas por igual en el momento de exigirles el pago de los tributos municipales que tienen obligación legal de abonar, ya sean públicas o privadas, y por ello reclamamos en su día la compensación de esa devolución al Gobierno Central independientemente del acuerdo o compromiso que hubieran podido alcanzar el Estado y la concesionaria Aumar».

Macián lamentó que el Gobierno «atentó contra el principio de suficiencia financiera que los entes locales tienen reconocido por ley» y señaló que seguirá exigiendo este derecho.