Cultura permite construir en Orpesa a 50 metros de una torre vigía protegida

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La Conselleria de Cultura ha admitido la alegación de una promotora de Orpesa y ha aceptado reducir el ámbito de protección de la torre vigía de la Corda, catalogada como Bien de Interés Cultural, de 200 a 50 metros de radio para permitir la construcción de una urbanización en sus aledaños. La decisión permitirá urbanizar el entorno como plantea la empresa Tossal Natural SL, propiedad de Manuel Moliner Bernat. Es la segunda ocasión en menos de un mes en que Cultura admite una alegación de una promotora privada para reducir el perímetro de protección de un bien patrimonial para permitir una actividad urbanizadora.
Mientras, la Conselleria de Medio Ambiente no sólo considera necesario preservar el entorno del BIC, sino que plantea su ampliación en atención a los valores de la masa arbolada del entorno.
La propuesta de la constructora asumida por la directora general de Patrimonio, Paz Olmos, reduce la protección de la torre vigía hasta la senda verde, que discurre por el antiguo trazado del ferrocarril y que está a menos de 40 metros del monumento. «Si bien el entorno propuesto se considera adecuado para que esta administración tutelar pueda velar por la protección de los valores culturales del ámbito, debe limitarse la prohibición total de edificación en el ámbito comprendido entre la línea costera y la antigua vía del ferrocarril», reza la resolución que llega apenas un año después de que se fijara el perímetro de protección de 200 metros.
De llevarse a cabo la urbanización propuesta, recuerda el portavoz del Bloc de Orpesa, Josep Lluís Romero, se invadirá la zona de dominio público marítimo terrestre, que establece en 200 metros el terreno de titularidad pública. De ahí que el Ministerio de Medio Ambiente deba determinar si permite construir en ese espacio, en un momento en el que con la revisión de los deslindes y la aplicación de la Ley de Costas plantea el derribo de edificaciones ilegales construidas dentro de la zona de servidumbre.
La decisión de los responsables del patrimonio valenciano ha dejado perplejo a Romero, quien no entiende lo que califica como «una barbaridad, al permitir movimientos de tierra en torno a la vía verde o al BIC, que pueden acabar de afectarle en su estructura, bastante degradada, con riesgo de desprendimientos». «Es inadmisible que las instituciones encargadas de velar por nuestro patrimonio se plieguen a intereses mercantilistas». Una postura que «también ha mantenido el consistorio».