La falta de liquidez de la Conselleria de Educación está asfixiando a un colectivo clave en el sistema educativo como la FAPA Penyagolosa de Castelló, la principal asociación de padres y madres de la escuela pública de la provincia con 260 Ampa asociadas. El Consell tiene pendiente aún el pago de la subvención anual de 2009 que corresponde a la Fapa, según informaron fuentes de la entidad.
La conselleria adeuda 38.000 euros para planes de formación de padres y madres y otros 7.000 euros en gastos de mantenimiento. La presidenta de la Fapa de Castelló, Leonor Tolos, advirtió ayer que «no podremos funcionar» si la subvención de 45.000 euros no llega pronto. La asociación tiene integradas a 260 Ampa escolares de toda la provincia y cada año realiza un sinfín de actividades de apoyo, formación y asesoramiento a padres y madres de alumnos. El Consell suele abonar sus compromisos con la Fapa a año vencido. Normalmente, las subvenciones son transferidas en febrero. Sin embargo, los problemas financieros de las arcas autonómicas han retrasado las transferencias en este curso, un hecho que ha dejado en una situación delicada a la asociación de padres.
Mes de marzo
La Fapa espera que la conselleria pague en el mes de marzo. Las informaciones sobre ello son algo confusas. Educación trasladó primero a la asociación que la orden de pago se aplazaría a verano y, ahora, asegura que se hará efectiva a lo largo del mes de marzo, probablemente en la segunda semana, según señaló Tolos.
Los impagos del Gobierno valenciano los sufren las Fapa de Castelló y Valencia. La federación autonómica (Gonzalo Anaya) sí que ha recibido a estas alturas la consignación prevista por el Consell.
Cabe recordar que la Fapa de Castelló forma parte de la Plataforma de la Enseñanza Pública y es, por tanto, uno de los colectivos más críticos con la gestión de Alejandro Font de Mora. Ha participado activamente en los diferentes actos de protesta organizados por la plataforma. La misma presidenta de la Fapa, Leonor Tolos, fue la encargada de leer el manifiesto en la manifestación de diciembre de Castelló, por el que defendió «una escuela pública, valenciana y de calidad», y cargó contra «los barracones crónicos», «la privatización de las escuelas de 0 a 3 años» y «los inspectores autoritarios». También arremetió hace unas semanas contra la decisión del conseller de rechazar los portátiles del programa estatal Escuela 2.0.
Por su parte, este retraso no es el primero que sufre el sistema público. La caída de la recaudación de la administración autonómica está afectando sobremanera al área educativa, y las demoras en los pagos de la conselleria se suceden una tras otra. En este curso ha pagado tarde el gasto de funcionamiento a los institutos y las ayudas al comedor escolar. En el primer caso abonó la partida con tres meses de tardanza y, en el segundo, con más de un mes.
Centros concertados
De estos problemas económicos no han sido partícipes, casualmente, los centros concertados. La conselleria ha concertado en este ejercicio tres nuevos colegios privados (dos en Betxí y uno en Castelló) y los tres son de la órbita católica. Dos pertenecen a Fomento de Centros de Enseñanza, organización dependiente de la prelatura católica del Opus Dei.
La conselleria afirma que la inversión en la enseñanza pública se mantiene y asegura que ha gastado 200 millones en Castelló en nuevas actuaciones educativas desde septiembre de 2004. El conseller quiso escenificar su compromiso con la provincia en una reciente inauguración del colegio Gregal. En el acto sopló 200 velas para conmemorar sus dos centenares de inauguraciones.
Los sindicatos de la escuela pública aseguran que está pendiente la finalización de la mayor parte de las dotaciones de Crea Escola de 2004, y recuerdan que 4.000 alumnos estudian en dos centenares de barracones de la provincia.
