NACHO MARTÍN
La Plataforma SOS Ribalta ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que reabra las diligencias penales contra el paso del trolebús por el parque Ribalta en una solicitud que aporta documentación adicional entre la que destaca un acta notarial que constata el inicio de las obras.
El colectivo –integrado por más de veinte entidades ciudadanas y respaldado por 20.000 firmas– argumenta que uno de los fundamentos de la resolución del fiscal que archivó la causa se basó en el hecho de que, según la Conselleria de Infraestructuras, las obras no habían comenzado.
Así lo expone textualmente el escrito de SOS Ribalta: «adjuntamos el acta notarial que da fe de la ejecución de obra y de las prisas encomendadas en la misma a la empresa encargada, las argumentaciones que sustentan nuestra petición, elaboradas con la intención de recoger con la máxima claridad legal lo que interpretamos como un expolio cultural».
Además, SOS Ribalta alega que Infraestructuras y el ayuntamiento han iniciado el proyecto sin cumplir las condiciones de mejora del parque y de reducción del tráfico del entorno que exigió la autorización de la Conselleria de Cultura. A este respecto, los vecinos recuerdan que el propio fiscal hizo hincapié en la necesidad de cumplir dichos requisitos antes de acometer la obra.
Con este argumento en la mano, los vecinos piden que la Fiscalía «intervenga de nuevo y que, con la primera documentación enviada y la que en este acto acompañamos, pueda encontrar las razones necesarias para actuar en defensa de los valores Patrimoniales reconocidos al Parque de Ribalta deteniendo las obras, antes de que culminen en un irreparable destrozo del mismo».
La Fiscalía de Castelló archivó a finales de octubre las diligencias penales por supuestos delitos de prevaricación y contra el patrimonio de la Consellería de Cultura y tres altos cargos del Partido Popular. Durante cinco meses, el fiscal indagó la supuesta implicación de la Consellería de Cultura, el alcalde de Castelló –Alberto Fabra–, el vicealcalde –Javier Moliner–, y el director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine.
El decreto de archivo considera que no hay suficientes indicios de delito pero advierte que éstos sí se producirían en el caso de que no se cumplieran los condicionantes de Cultura. A pesar de no abrir la vía penal, la fiscal advierte que sí se han detectado «irregularidades de índole formal» que están siendo examinadas por el TSJ debido a un recurso interpuesto por el PSPV.
La resolución del fiscal estableció que antes de iniciar cualquier obra en el parque será «procedente» que ya esté «realizado» el plan de acción conjunta del ayuntamiento y la Conselleria de Cultura para cumplir las condiciones de mejora del parque exigidas por Patrimonio, entre las cuales destacan la reforestación, la peatonalización de viales adyacentes, las excavaciones arqueológicas de La Farola y el estudio y reducción del tráfico circundante. Asimismo, advierte que resulta «lógico y procedente» que dicho plan «estuviera realizado cuanto menos al darse el inicio de las obras y careciendo de finalidad que se realizara en un momento posterior».
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ya ha trasladado tres requerimientos a la Generalitat Valenciana al objeto de que le remita de forma urgente la documentación para investigar las posibles irregularidades del proyecto del trolebús en el parque Ribalta, según informaron fuentes próximas al tribunal. Dichas solicitudes han sido remitidas al Consell debido a la demora en la entrega de la documentación sobre una polémica obra que ha suscitado una movilización vecinal respaldada por alrededor de 20.000 firmas y cinco dictámenes desfavorables de organismos consultivos de la Conselleria de Cultura (Consell Valencià de Cultura, Academia de Bellas Artes de San Carlos, Universitat de València, Universitat Politécnica de València y Universitat Jaume I de Castelló).