La Audiencia Provincial de Castelló ultima el auto judicial que decidirá si los cinco delitos fiscales que la Fiscalía Anticorrupción imputa al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, están prescritos o siguen vigentes. Esta resolución, que con toda seguridad se comunicará a las partes antes de final de año, se antoja decisiva para el futuro político de Carlos Fabra. Si el tribunal decide finalmente admitir que el delito está fuera de plazo, el líder provincial del PP sortearía el principal escollo para su absolución, el caso quedaría archivado en el Juzgado de Nules y ni siquiera llegaría a sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado en una vista oral.

Si por contra los magistrados deciden que los delitos supuestamente cometidos por Fabra entre los años 1999 y 2004 siguen vigentes, el presidente de Castelló habría agotado prácticamente la última bala que le queda y tendría que resignarse a preparar con sus abogados una buena defensa de cara al juicio oral.

De esta manera, el último auto de la Audiencia Provincial sobre el caso Fabra se antoja el más importante desde el año 2003, cuando estalló el escándalo político. «Ahora mismo todo depende de ese recurso de apelación», asegura un funcionario de la Audiencia Provincial de Castelló próximo a la investigación del caso.

Javier Boix, abogado de Fabra, ha pedido el archivo de la causa abierta en Nules porque los supuestos 5 delitos de fraude fiscal cometidos por el líder provincial del PP estarían «prescritos» en lo que «se refiere a los ejercicios 2000 a 2003». Durante ese período, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado ingresos no declarados por importe de más de 1,3 millones de euros en las cuentas del mandatario popular.

El juez de Nules, Jacobo Pin, ya ha desestimado todos los recursos en primera instancia presentados por el presidente castellonense al entender que no cabe alegar la prescripción. Sólo queda pues la vía de la apelación ante el tribunal superior.

La extinción de la responsabilidad penal por el transcurso del plazo fue el principal argumento mantenido por Boix el pasado 25 de junio, durante una mini-vista celebrada en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules. «Desde que se inicia la actuación de los inspectores, éstos tardan 4 años para hacer un informe en el que se indica la posibilidad de que existan indicios, no habiendo sido ratificado dicho informe en sede judicial», aseguró Boix durante su intervención. Para el letrado, «no hay delito y ni siquiera se deberían practicar más diligencias de investigación» porque todo está prescrito. Además, Boix solicita que se cite a declarar como testigo al inspector de Hacienda José Luis Risueño Reguillo por ser el «funcionario que realiza las inspecciones a su patrocinado, tanto por el IRPF como por Patrimonio».

La Audiencia, en un auto dictado el pasado mes de octubre, rechazó que Fabra sea juzgado por un juicio con jurado y ordenó al juez Pin que siga con la instrucción mediante un procedimiento ordinario.

El fiscal ha pedido 15 años de prisión para el presidente de Castelló por haber dejado de ingresar al fisco más de un millón de euros.