Los peritos de la Fiscalía Anticorrupción ratificaron ayer ante el juez instructor de Nules Jacobo Pin que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha sido incapaz de justificar el origen de los 3,7 millones de euros que ingresó entre los años 1999 y 2004, según informaron ayer fuentes judiciales.

Los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía acudieron ayer al juzgado para exponer el informe en el que han hallado una cuota defraudada en el IRPF de Fabra de casi un millón de euros. También prestó declaración el asesor que ha elaborado uno privado contratado por el presidente de la diputación de Castelló.

Al término de la declaración, el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, confirmó a los periodistas que los peritos de Hacienda se han ratificado íntegramente en su informe, mientras que el juez volvió a requerir al abogado de Fabra para que presente más documentación. Según ha podido saber Levante de Castelló por fuentes próximas al caso, el letrado tendrá que aportar ante el magistrado más extractos sobre movimientos bancarios y sobre «alguna operación inmobiliaria» de la familia Fabra que no ha quedado aclarada siete años después de que se iniciara la investigación en los juzgados de Nules.

Para Pastor, esta nueva diligencia es una «ampliación de prueba sobre cuestiones puntuales que no son relevantes» ni alterarán el resultado final del informe presentado por los inspectores de Hacienda.

Preguntado sobre cuánto tiempo más puede prolongarse la investigación del caso Fabra, Pastor se mostró rotundo: «No me atrevo a dar una fecha». De cualquier forma, el presidente de Castelló ganará un poco más de tiempo mientras sus abogados recopilan esta nueva información que le reclama el juez Jacobo Pin.

Durante las dos horas que duró el interrogatorio de ayer a los peritos de la Fiscalía, fue el letrado del presidente de la Diputación quien más preguntas formuló.

Por su parte, José Luis Vera, abogado de la UCE –asociación de consumidores personada como acusación particular–, subrayó la importancia de que los peritos hayan ratificado en sede judicial que Fabra no sepa cómo justificar el origen de 3,7 millones de euros.

El siguiente paso del caso Fabra lo dará la Audiencia Provincial de Castelló el próximo 13 de diciembre, cuando los magistrados se reúnan para deliberar sobre el recurso de apelación que el político del PP ha presentado para invocar la prescripción de los cinco delitos fiscales que le imputa la Fiscalía.

Prescripción

Según los peritos, los delitos fiscales por los que se investiga a Carlos Fabra no están de ninguna manera prescritos, tal como mantienen los abogados del político popular, ya que la querella que Hacienda llevó al juzgado tras hallar indicios de delito interrumpe el plazo de prescripción de cinco años.

Fabra asegura además que el informe de los peritos le ha ocasionado «indefensión», ya que el Juzgado de Nules no le ha permitido explicarse sobre sus ingresos millonarios a lo largo de estos siete años de investigación. El presidente de Castelló argumenta que en ningún momento ha dejado de declarar al fisco casi un millón de euros, sino que sacaba cantidades millonarias del cajero para llevar el dinero a su casa y volverlo a ingresar después. Esta coartada ha sido calificada de «absurda» por la Fiscalía. El recurso ante la Audiencia Provincial sobre la prescripción es el último que le queda al mandatario para lograr que se archive definitivamente una investigación abierta a finales de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, interpuso dos querellas contra él y le acusó de soborno.