El presidente de la diputación y concejal del Ayuntamiento de Castelló, Carlos Fabra, dará cuenta en enero, por primera vez en siete años, de su patrimonio ante la opinión pública. El pleno municipal del próximo miércoles aprobará el primer modelo de declaración de bienes de concejales y altos cargos, de acuerdo a un nuevo decreto de la Generalitat, que obliga a los representantes políticos a publicitar su patrimonio, según avanzó ayer el concejal de Régimen Interior, Juan José Pérez Macián.

Los 27 ediles de Castelló, entre otros Carlos Fabra, que está imputado por presuntos delitos de fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho, harán públicos sus bienes en el Boletín Oficial de la Provincia, en un plazo de quince días tras la aprobación del pleno del 22 de diciembre. El grupo socialista había reclamado sin éxito en los últimos años de forma reiterada información sobre el patrimonio de Fabra y,ahora, gracias a una norma del Gobierno de Francisco Camps, Fabra dará a conocer a la ciudadanía los recursos económicos que tiene en su haber. Y lo hará a pocos meses de que abandone definitivamente la presidencia de la diputación.

Castelló se suma a los diputados autonómicos, que este año han hecho público su patrimonio. Hasta el momento, los ediles de la capital de la Plana indicaban su patrimonio sólo al secretario municipal, quedando vetados estos datos a la opinión pública. El pleno validará el miércoles el nuevo modelo de declaración de bienes de los concejales y el registro de actividades. Después de este trámite, el secretario trasladará un formulario a cada concejal para que lo rellene en el plazo de quince días, según fuentes municipales.

Asimismo, los altos cargos municipales, caso del secretario, el interventor, la tesorera o los coordinadores de las áreas municipales, informarán de sus bienes, aunque sólo al ayuntamiento.

Pérez Macián subrayó que con esta acción el ejecutivo local demuestra una vez más «su transparencia con el fin de que no quepa ninguna duda de que el cargo de concejal es vocacional, de servicio público, y no se basa en el enriquecimiento propio y personal».