La Conselleria de Medio Ambiente ha recortado en un 96% sus ayudas económicas al voluntariado ambiental para la prevención de incendios en la provincia de Castelló en un plazo de menos de tres años, según datos reflejados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Esta circunstancia merma la capacidad de las asociaciones conservacionistas, colectivos vecinales y ONG que trabajan de forma determinante en la gestión de los parajes naturales y en las labores de prevención de incendios forestales.
La estadística indica que la Conselleria de Medio Ambiente presupuestó en 2007 más de 589.000 euros destinados a voluntariado de prevención de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana. De ellos, poco más de 100.000 euros se concedieron a doce colectivos castellonenses. En 2010, la partida global se redujo a 143.000 euros y el porcentaje adjudicado a entidades de Castelló descendió hasta los 16.000 euros.
Esta drástica reducción presupuestaria ha reducido las actuaciones de prevención de incendios forestales, una situación que se ha visto agravada por el incumplimiento de la Generalitat en el pago de las ayudas. De hecho, la Conselleria de Medio Ambiente todavía adeuda los pagos correspondientes a los años 2009 y 2010.
Limpieza de bosques, campañas de sensibilización y educación ambiental, brigadas de vigilancia, proyectos de gestión forestal para minimizar riesgos y muy diversos tipos de colaboración en los planes de prevención de la propia Generalitat Valenciana... Estas son sólo algunas de las tareas que llevan a cabo las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan voluntariado para la prevención de incendios forestales en Castelló. Las mencionadas asociaciones –a pesar de sus escasos recursos– están jugando un papel crucial.
Entre ellas destaca la Societat d´Amics de la Serra d´Espadà (SASE), que forma parte de la Junta Rectora del paraje natural y desarrolla desde hace años labores de prevención de incendios, educación ambiental y gestión del espacio forestal. Esta asociación es precisamente una de las que todavía no han recibido el pago de unas actividades que se llevaron a cabo en 2009 y 2010. Ante la falta de recursos económicos, el colectivo ha advertido públicamente que podría verse obligado a considerar la continuidad de su labor preventiva.
