El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo emitirá, en un plazo aproximado de un año, sus conclusiones sobre la tramitación que ha seguido el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Peñíscola. La Asociación de Vecinos afectados Camí Vell, interpuso una denuncia, acompañada por 2.200 firmas, contra el desarrollo urbanístico planteado para el municipio por el PP local y aprobado con sus únicos votos.

El elevado número de denuncias dilatará este proceso que ha sido celebrado desde Camí Vell. La decisión se adoptó en la reunión de los días 15 y 16 de marzo, celebrada en Bruselas y se ha hecho pública ahora. «Este importante paso adelante muestra, de forma clara e inequívoca, la falsedad de las informaciones difundidas desde el ayuntamiento en que afirmaban que se había archivado esta queja», señaló ayer el presidente del colectivo, Ezequiel Llorach.

En diciembre de 2010 Romualdo Forner, concejal de Urbanismo, informó de que una carta recibida en el ayuntamiento daba cuente del archivo de la denuncia, porque el Comité «nada tiene que decir sobre las actuaciones por tratarse de un acto de trámite no firme». Desde el colectivo vecinal se recuerda que «esta presunta carta, ha sido reclamada por escrito por nosotros y un grupo municipal en el pleno, sin obtener respuesta, lo que supone una muestra más del oscurantismo y opacidad de la gestión del gobierno municipal». Y se preguntan «¿cómo se puede llegar al acuerdo que figura en el acta que adjuntamos en marzo de 2011 cuando se archivó, según este señor, la denuncia en diciembre de 2010?».

Repercusiones globales

Pero para Camí Vell las repercusiones son también muy importantes, ya que se entra a cuestionar la propia tramitación del documento, no el resultado, lo que afectaría a todo el documento y no a una parte concreta. Una vez se inicie el debate, éste podrá archivarlo o iniciar un acuerdo que declare que el procedimiento ha infringido la normativa europea.

También podrían requerir más información o hacer un estudio sobre el terreno. Si se declara que se ha incumplido la normativa europea, y en especial la directiva 2001/42/CE, los efectos directos no serían vinculantes, pero se traduciría en una recomendación a la Comisión «que sí tiene poder ejecutivo y que presionaría sobre el Gobierno español y en caso de no corregirse el tema llegaría al Tribunal de Justicia, por la no aplicación de normativa europea», señalan.

Investigación pionera

Posiblemente se trata de la primera ocasión en el que se investiga el procedimiento de tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana, que no ha sido aprobado de forma definitiva por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, con competencias en la materia.

La aprobación definitiva del plan urbanístico peñiscolano se está retrasando en el tiempo y ya han transcurrido más de 9 meses, desde la aprobación definitiva en el pleno del 2 de julio de 2010.

El colectivo empresarial local, agrupado en Agretur ha reclamado insistentemente al PP local y a las instituciones autonómicas como la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda la aprobación de este plan urbanístico que debe propiciar el anhelado desarrollo de los campos de golf planteado y el futuro del puerto deportivo.

Camí Vell denuncia la falta de ajuste a las directivas europeas de aves y hábitats

Camí Vell señala que, a su juicio, se han obviado numerosos pasajes de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativos a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Así, los principales déficits son de evaluación de impactos medioambientales, informes de autoridades competentes y el público o el ajuste a las directivas Aves y Hábitats. «Diferir en el tiempo a la aprobación definitiva del PGOU implica necesariamente incumplir esta directiva. La directiva establece de forma clara e inequívoca que las consideraciones medioambientales deben integrarse en los procesos de elaboración del plan o programa y antes de la adopción o tramitación». Admitir que la aplicación de las directivas se hará a posteriori «es admitir que se incumple la Directiva», aseguran. La Ley española, que traspone la directiva aboga por el principio de cautela y la necesidad de protección del medio ambiente a través de la integración en las políticas y actividades sectoriales.

El consistorio, en el documento que aprobó provisionalmente en julio de 2010 declara que no aplica dicha Directiva hasta que «no se desarrolle la normativa para la evaluación ambiental estratégica prevista en la aludida Directiva». J. M. peñíscola