El juzgado número 2 de Nules ha descartado que se produjera delito alguno respecto a una posible malversación de fondos públicos ni falsedad documental en el caso de la cámara oculta que se ubicó en el Ayuntamiento de la Vall d´Uixó. Cabe recordar que la sala falló días atrás el sobreseimiento del mismo al considerar que tampoco se produjo delito de descubrimiento y revelación de secretos, tal y como avanzó ayer Levante de Castelló.
En este sentido, al margen de estos supuestos delitos, el gobierno popular del Ayuntamiento de la Vall no sólo denunció la revelación de secretos, sino otros dos presuntos delitos por la compra y facturación del dispositivo electrónico.
Al respecto de la denuncia por una supuesta malversación de caudales públicos, la juez Laura Alamán considera que «cierto es que el sistema se abonó con dinero del ayuntamiento, si bien, considerando la finalidad como pública no podíamos entender que su uso o destino fuera ajeno a lo público».
Además, la juez añade en sus consideraciones que «aún llegando al extremo de considerar que el inicial destino de la cámara excediere del concepto de lo público, el hecho de que el sistema pudiese posteriormente ser utilizado por la Policía Local en el ejercicio de sus funciones o que se pudiese colocar en vehículos oficiales, destipifica la conducta investigada».
Por lo que respecta a la denuncia por una supuesta falsedad documental de la factura, la juez dice que «resulta evidente por tanto que los hechos investigados en este procedimiento tampoco son constitutivos de delito de falsedad documental y ello por cuanto el trabajo efectivamente se realizó, aunque fuera distinto del plasmado en la factura».
En este sentido, el fallo de la sala indica que «el coste que el mismo tenía se correspondía efectivamente con el presupuesto y su coste real, y finalmente, ni se perjudicó a nadie, ni se alteró el presupuesto municipal, ni se enriqueció a persona alguna con dicha factura».
Alamán es muy explícita en cuanto a los usos de la cámara: «la cuestión a investigar radica en determinar si esta actuación podía constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos». En este sentido, señala que «no es posible afirmar que la voluntad de los acusados estuviera caracterizada por el deseo o la intención de vulnerar la intimidad de nadie».
La «satisfacción» de Tur
Aunque anunció más valoraciones para mañana, el exalcalde socialista Josep Tur, una de las personas denunciadas por el caso, mostró su «satisfacción» por la resolución judicial del sobreseimiento de «un tema que nunca debía haber comenzado».
El antecesor de Isabel Bonig en la alcaldía de la Vall señaló ayer que «todo ha sido una operación del Partido Popular para intentar sentarnos en el banquillo y desacreditarnos a sabiendas de que nuestra actuación siempre había sido correcta».
Josep Tur señaló que «la investigación interna que hizo el consistorio antes de llevar el tema al juzgado ya fue dudosa, pues ni siquiera se me llamó y este sobreseimiento ya confirma que todo se hizo en el marco de una investigación por la aparición de datos de un expediente personal que fueron publicados en un medio de comunicación».
Por su parte, desde el equipo de gobierno popular de la Vall, la concejala de Interior, Elena Vicente-Ruiz, destacó que «una vez estudiemos en profundidad el auto, que esperemos nos llegue en los próximos días, realizaremos las valoraciones oportunas sobre el mismo». En otro orden de cosas, Vicente-Ruiz apuntó que en los próximos días anunciará «si decidimos recurrir o no la decisión del sobreseimiento de la causa».
