Ramón Pardo, Castelló La Junta de Gobierno de la Diputación de Castelló que preside Carlos Fabra sigue incorporando a familiares de ex alcaldes al grupo de asesores de los cargos de gobierno. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogía ayer la nominación de Sergio Fornás e Inmaculada Moliner, hijos del alcalde de Montán, Antonio Fornás, y del ex primer edil de Vinaròs, Jacinto Moliner. Se suman a Vicente Vilar, hijo del otrora alcalde de Almassora y diputado, Vicente Vilar y así hasta más de 20 familiares de cargos del PP, alcaldes y ex alcaldes. Con estas incorporaciones, la institución cuenta , entre personal eventual de gabinetes de Presidencia y vicepresidencias y de grupos de políticos, 36 personas, incluidos los 3 del PSPV y el del Bloc, que le cuestan a la institución 1.173.000 euros anuales, poco más que los 852.000 euros, de las retribuciones que perciben los 27 diputados provinciales. La necesidad de normalizar esta situación fue planteada en el último pleno por el portavoz socialista, Francesc Colomer, que reclamó la elaboración de un reglamento de funcionamiento interno de la institución que debía fijar desde el número de puestos para personal eventual hasta el desarrollo de los plenos, incluso la posibilidad de que los diputados realizasen una pública declaración de bienes. Algo que fue rechazado por Carlos Fabra quien indicó que iba a pedir al presidente Rodríguez Zapatero que le informe a qué se dedican sus 653 asesores que cuestan al Estado 28 millones de euros. Colomer ya planteó en julio la necesidad de que los asesores de Presidencia presenten cada semestre en el pleno un balance de su gestión en aras a «una mayor transparencia». Porque «la sociedad tiene derecho a saber a qué se dedican y cómo sirven al interés general, ya que los asesores de Presidencia forman parte de la estructura de gobierno y, por tanto, de la gestión pública que repercute en la sociedad» . Y añadió que el mismo criterio se impondría a los tres asesores de su grupo.
Algunos alcaldes ya han levantado sus voces críticas contra la abultada nómina de asesores de la corporación provincia y apuntan que con sus sueldos se podría habilitar un sueldo a más de cincuenta concejales de pequeños municipios.