J. Antequera, Castelló

La UCE figura como acusación particular en la instrucción, que se abrió en enero de 2004 con la imputación en delitos contra la Administración Pública del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y posteriormente de otros altos cargos del PP.

La Justicia indaga si las personas investigadas mediaron en favor de la tramitación administrativa de las licencias de comercialización de los productos insecticidas agrarios fabricados por la empresa castellonense Naranjax. Fabra figura además como imputado en un delito de fraude fiscal y falsedad en documento.

En su escrito de queja, la UCE recuerda que por el partido judicial de Nules han pasado ya ocho juezas, lo que ha provocado que la instrucción de diligencias se haya prolongado durante cuatro años. Según la organización, «el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es también un derecho constitucional que afecta al concepto mismo de justicia» y que «las continuas sustituciones en un caso tan complejo hacen que los jueces sustitutos no adopten decisiones graves».

Para la UCE, cada juez que toma parte en el caso sigue criterios diversos que «suelen ser dispares», de tal modo que el procedimiento avanza en un zig-zag. «Los nuevos jueces heredan, y dejan en herencia para los posteriores, decisiones que en ocasiones no comparten o pueden ser contradictorias con las tomadas posteriormente», alega la UCE.

Esta «disfunción» presenta un riesgo «notable» para la seguridad y eficacia de la Justicia, según la UCE, al mismo tiempo que se produce una falta de continuidad en la investigación de los delitos imputados.

La UCE se queja además de que tal dilación provoca que el ciudadano se muestre «desorientado» y pierda la confianza en la Justicia, cuyas resoluciones se le antojan «borrosas y desdibujadas, por lo que cae en la tentación de atribuir las decisiones a intereses espúreos».

La organización que defiende los derechos de los consumidores eleva esta queja al Consejo con una doble finalidad. Primero, para que el máximo órgano de gobierno de la judicatura española extreme la vigilancia y el control ante los «sucesivos cambios producidos en el órgano encargado de instruir el caso, y para lograr una continuidad en un asunto cuya trascendencia es notoria, evitando dilaciones que pongan en grave peligro la administración de justicia».

En segundo lugar la UCE insta a que el CGPJ ofrezca una nota explicativa de los motivos legales que han «creado la actual situación».

Cuatro años de investigación

Las diligencias por el denominado caso Fabra se incoaron el 23 de enero de 2004 por la juez titular María Isabel Belinchón, que fue ascendida a la categoría de magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Teruel el 1 de abril de ese mismo año. Fue nombrada una sustituta hasta que tomó posesión la nueva titular, María Fernanda Lorite Chicarro, que también fue ascendida a magistrado el 18 de marzo, nombrándose nueva sustituta hasta el 12 de abril de 2005. En año tomó posesión Marta García Fernández, que también cesó el 12 de julio de 2005 con nuevo nombramiento de juez sustituto.

En septiembre de 2005, el Consejo del Poder Judicial nombró a Lourdes Noverques titular del Juzgado de Instrucción número Uno de Nules, y por orden de 20 de noviembre de 2007 se acordó el cambio de destino al Juzgado de Instrucción número Cuatro de la misma localidad. Carmen Peiró fue nombrada sustituta al frente del dicho juzgado.