El conductor de autobús que fue grabado por los estudiantes que transportaba al instituto de Secundaria de Albalat de la Ribera «wasapeando» con su teléfono móvil mientras cogía el volante con una sola mano se enfrentará únicamente a una infracción administrativa. La Fiscalía considera que no hay «ningún indicio» de que la conducta del chófer suponga un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria ya que mantuvo el control del autocar, por lo que solicitó el archivo de la causa abierta en el juzgado de instrucción número 1 de Sueca que, en ausencia de acusación, así lo decretó en una resolución fechada en febrero, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
Desde el Ministerio Público, por su parte, relataron que se tramitaron las diligencias abiertas por la Guardia Civil y se llegó a citar al conductor a un juicio rápido aunque el fiscal valoró que su acción «no era constitutiva de delito» y, archivada la vía penal, únicamente se le puede atribuir una infracción administrativa.
Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que también se había cursado la oportuna denuncia por conducción temeraria a través de la Jefatura Provincial de Tráfico, que llevaba aparejada una sanción de 500 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir, aunque no ha trascendido si ésta ya se ha hecho efectiva.
El video grabado por alumnos del IES de Albalat al conductor que cubría la ruta de Llaurí al centro educativo causó en enero un gran revuelo. En las imágenes se aprecia al chófer enviando mensajes a través de su teléfono móvil en plena marcha, durante la que apartaba en sucesivas ocasiones la vista de la carretera, valiéndose de una sola mano para mantener el volante y, además, llevaba puestos unos auriculares. En el autobús viajaban medio centenar de estudiantes. Al parecer, el video había sido grabado en otoño aunque no fue hasta el 15 de enero cuando los alumnos lo pusieron a disposición de la dirección del instituto, que rápidamente alertó de lo que había sucedido a la inspección educativa y a la empresa que prestaba el servicio.
La Conselleria de Educación ya dejó claro que no contemplaba la imposición de sanciones a la empresa al entender que se trataba de una acción particular de un trabajador y que ésta había actuado con diligencia. La Fiscalía tampoco observa «ningún indicio» de que la acción del conductor suponga un delito por conducción temeraria y el caso quedará reducido a una sanción económica y la retirada de puntos del carné de conducir.
