Los imputados en la causa abierta por la construcción y venta de chalés en suelo no urbanizable en Montroi han acogido con «consternación» la petición de pena que la fiscalía acaba de elevar dentro de este proceso que se inició hace cinco años con la intervención judicial y policial en el Ayuntamiento de Montroi.
Los presuntos estafados son mayoritariamente extranjeros y la fiscalía provincial de Valencia acaba de solicitar una pena de 16 años de cárcel para el exalcalde del PP Francisco Javier Carrión y dos años de inhabilitación para el alcalde actual, Antonio Polo (PSPV), que opta de nuevo a las elecciones municipales aunque en una lista independiente, mientras que los socialistas han optado no presentar candidatura en este municipio.
El exalcalde Francisco Javier Carrión considera que la petición de pena es «desmesurada» y defiende que actuó correctamente en la parcela urbanística. Carrión siempre se ha considerado un cabeza de turco. Sin embargo, la fiscalía considera que el exacalde fue cooperador necesario de un delito continuado de estafa y contra la ordenación del territorio; autor de un delito de cohecho; y de otro de falsedad. Por su parte, el fiscal atribuye a Polo un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Junto a ellos, el fiscal dirige su acusación contra otros 16 procesados, para los que solicita entre dos y 13 años de cárcel por diferentes delitos de estafa, contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y oficial, prevaricación administrativa o cohecho, entre otras, según informa Europa Press.
Todos ellos fueron procesados el pasado mes de octubre, cuando el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent dio por concluidas las diligencias de investigación y otorgó un plazo a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.
La investigación de la causa se ha centrado en la construcción de viviendas unifamiliares aisladas y en suelo no urbanizable o rústico en las partidas de Las Palomas; Pla Galán; Los Corrales; L'Hospitalet; y Les Valletes de Montroi.
Las viviendas carecían de autorización y estaban ejecutadas al margen de los procedimientos legalmente establecidos.
Un total de 114 viviendas
En concreto, de las diligencias practicadas se ha constatado —según el juez— la existencia de indicios razonables de delito en la ejecución de las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la Urbanización Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la ordenación del territorio.
En total hay 200 afectados, mayoritariamente extranjeros a los que se vendía la propiedad exclusiva de una parcela y a los que se hizo creer que en la zona se iba a construir un campo de golf, lagos y comisaria de policia.
