Las líneas rojas marcadas por el PP y su presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, han ido diluyéndose a medida que se han acercado las elecciones y se han tenido que configurar listas en algunos pueblos en los que no es fácil encontrar a un aspirante. Es entonces cuando han tenido que presentar (según han ratificado ya) a diferentes candidatos que están manchados por procesos judiciales abiertos.
Es el caso de la exalcaldesa de Antella por el Partido Popular, Mª Isabel Giménez, que sigue imputada por los problemas que aparecieron por la cesión municipal del chiringuito de l'Assut a su marido mientras ella ostentaba el poder. Después de perder varias sentencias que ratificaban que la concesión del kiosko se había producido de forma irregular, la fiscalía pidió recientemente que se archivara la causa al ser complicado demostrar el componente de culpabilidad. Sin embargo, la acusación (que representan el ayuntamiento actual —capitaneado por el PSPV-PSOE y Gent d'Antella— y por un particular que se vio perjudicado por la cesión al marido de la entonces alcaldesa) han exigido que siga el proceso abierto, al considerar que no han testificado todos los personajes que pueden aportar datos a la causa, caso del asesor de la antigua primera edil y del entonces secretario municipal.
Con todo, el asunto judicial sigue abierto y la figura que define a Mª Isabel Giménez a día de hoy es la de imputada. Diferentes formaciones políticas ya acusaron esta semana a Alberto Fabra de incumplir su línea roja al incluir a imputados en las listas electorales municipales del PPCV. Giménez cuenta con una larga trayectoria en los juzgados después de varios problemas con los grupos de la oposición. Entre sus compañeros de partido a nivel comarcal se esperaba un cambio y muchos quedaron sorprendidos cuando este periódico publicó las intenciones del comité comarcal de presentarla como aspirante a la alcaldesa.
El gabinete de abogados que lleva la acusación desconoce los plazos que pueden cumplirse con la espera de la resolución del recurso presentado para que el proceso siga abierto. En caso de que el juez no lo estime, se tardaría incluso algún mes en cerrar definitivamente el proceso, por lo que es complicado que Giménez se presente a las elecciones sin su carácter de imputada. Si el Juzgado de Alzira decide admitir las nuevas exigencias de la acusación para que declaren los testigos que no lo han hecho, el caso sí que entraría en una nueva fase que se prolongaría, seguro, durante varios meses.
Sentencias anteriores
La acusación no entiende como el fiscal (que fue el que abrió el caso al considerar que había indicios de culpabilidad en la cesión del comercio en l'Assut de la exalcaldesa al marido) quiera ahora dar carpetazo al asunto. «Nadie duda que hubo irregularidades, como quedó constatado en las muchas sentencias que Giménez perdió y por lo que su cesión fue invalidada. Ahora simplemente se valora si también hubo delito. Actuó muy mal y sobre eso no hay debate. No se puede entender como el PP acepta presentarla como aspirante a la alcaldía de nuevo», afirma un miembro de la acusación que prefiere mantener el anonimato.
