La mancomunidad constituida durante el franquismo en la Ribera que ha permanecido inactiva durante décadas ya tiene fecha de caducidad. La comisión liquidadora creada hace poco más de un año tras acordarse la disolución ya ha aprobado repartir el patrimonio de la entidad a través de un proindiviso entre los 21 municipios que la integran de forma proporcional a la población y se ha convocado para el próximo 7 de mayo la asamblea que acordará la extinción definitiva.
El 10 de noviembre se hubieran cumplido 44 años de la asamblea de alcaldes que acordó la creación de la Mancomunidad Ribera del Júcar, si bien la constitución formal se produjo mediante acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 7 de julio de 1972. La propuesta de la comisión liquidadora también contempla un reparto proporcional entre los 21 ayuntamientos de unos 7.000 euros de gastos derivados del proyecto urbanización del sector de Corbera en el que se ubica el solar que la mancomunidad compró en su día para construir un parque de bomberos y que representa el único patrimonio. El actual presidente del ente, Pedro Juan Victoria, señaló que «no tenía sentido» mantener este organismo cuando ya existen las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, por lo que en la asamblea del 7 de mayo se acordará la disolución.
Fue precisamente una notificación del promotor del PAI de la Zona 4 de Corbera, donde se en encuentra el solar, la que permitió conocer hace algunos años que esta mancomunidad cayó en el olvido durante la transición sin haber sido liquidada y provocó a su vez que se reactiva con la designación del alcalde de Favara como presidente. La mancomunidad agrupa a 21 municipios de la Ribera y la Valldigna. La entrada en vigor de la Ley de Sostenibilidad de la Administración ponía al ente en la tesitura de adaptar sus estatutos a la nueva norma, aunque en la asamblea celebrada en marzo de 2014 se optó por designar una comisión liquidadora que debía proponer una solución para el único objeto que mantenía activa la entidad: el solar de Corbera.
La coyuntura económica, con una parálisis casi total del mercado inmobiliario, no ha sido propicia para vender esta parcela y la comisión liquidadora ha acordado la constitución de un proindiviso por el que los ayuntamientos compartirán tanto las cargas como el reparto de beneficios si, llegado el momento, aparece un comprador.
Cabe recordar que la creación de un servicio contra incendios forestales que provocó la adquisición de este solar era uno de los objetivos fundacionales de la Mancomunidad de la Ribera del Júcar, que también contemplaba en sus estatutos la recogida y tratamiento de basuras, la instalación de mataderos comarcales y la realización de iniciativas para fomentar el desarrollo de los pueblos en «aspectos agrarios, industriales y culturales». Con el inicio de la transición esta mancomunidad cayó en el olvido.
