La Mancomunitat de la Ribera Alta aprovechó el último pleno de la legislatura, celebrado en Montserrat, para aprobar la ampliación del servicio de gestión y cobro de multas de tráfico de forma que también puede asumir los expedientes sancionadores de cualquier tipo que incoa una ayuntamiento, ya sea por una infracción urbanística, por incumplir la ordenanza de limpieza urbana o la que regula la tenencia de animales de compañía. El servicio de gestión de multas de tráfico, al que se han adherido 18 ayuntamientos, ha permitido mejorar la recaudación por este concepto en muchos casos ya que permite cobrar sanciones que hasta ahora resultaba casi imposible, si bien la ampliación del mismo se concibe como un servicio más ágil en la tramitación de expedientes que suelen ser farragosos desde el punto de vista administrativo y que suponen una carga de trabajo añadido especialmente para ayuntamientos pequeños que cuentan con pocos funcionarios, según explicó el presidente el ente comarcal, Cristóbal García.
El acuerdo de implantación de este servicio para tramitar estos expedientes e incluso aplicar las sanciones que se puedan derivar, si así lo decide el ayuntamiento, da paso ahora a una fase para que cada municipio decida su adhesión y determine qué tipo de expedientes delega a la Mancomunitat para su gestión. La cuota que se ha establecido contempla dos opciones, ya que por una parte se establece una tarifa de 50 euros por expediente tramitado con un cargo adicional equivalente al 20 % del importe recaudado, si bien se puede optar por una segunda alternativa que no contempla ningún importe fijo pero eleva el importe al 40 % de la sanción que se recauda.
Por otra parte, el pleno también aprobó de forma definitiva los estatutos de la Mancomunitat una vez adaptados al nuevo marco legal, un proceso que se ha aprovechado para revisar la representatividad de los ayuntamientos en base a un factor de corrección previsto en la ley, de forma que los municipios grandes contarán a partir de ahora con un mayor peso. Se da la circunstancia de que son actualmente los alcaldes los que votan en los plenos de la Mancomunitat con un número de votos equivalente al número de concejales que conforman sus respectivos ayuntamientos. Esto provoca que municipios como Alzira, Algemesí o Carcaixent tengan el mismo número de votos ya que todas las corporaciones cuentan con 21 ediles a pesar de la diferencia de población existente.
El factor de corrección aplicado con el objetivo de que los municipios grandes se identifiquen más con el ente comarcal consiste en asignar a cada municipio tantos derechos de voto como concejales integran la corporación, que se incrementará en dos derechos de votos por cada 5.000 habitantes o fracción. Se trata de una posibilidad prevista en la Ley Valenciana de Régimen Local.
