La frontera entre la información institucional y la propaganda se ha vuelto muy frágil. El ansia de los políticos por controlar las noticias que genera el área que gestionan y, mucho más allá del ámbito de sus competencias, por influir en los contenidos que elaboran los medios de comunicación profesionales ha alcanzado tales cotas de confusión que ya resulta complejísimo separar con precisión ambas realidades. Más que vasos comunicantes, ambos mundos se retroalimentan hasta conformar un batiburrillo muy poco recomendable tanto para el conjunto de la sociedad como para el supuesto periodismo que pretenden. La puesta en marcha de gabinetes de prensa, tan extendida en la política nacional y autonómica, ha llegado a calar tan hondo que, hoy, ya son pocos los alcaldes que no se rodean de comunicadores para que canten las excelencias de su mandato.
Todos los grandes ayuntamientos de la comarca disponen ya de un jefe de prensa. En la inmensa mayoría de los casos no se trata de un funcionario que se preocupa de difundir noticias institucionales sino de un profesional contratado por el gobierno de turno. Es, concretemos aún más, personal de confianza del alcalde. Por tanto, es a la primera autoridad municipal, y no al conjunto de la institución que representa, a quien debe su sueldo y su lealtad.
Los medios de comunicación, sobre todo los públicos, se han covertido en un instrumento más de la acción política. El más poderoso, la televisión, es un codiciado objeto de deseo de los políticos que aspiran a mantener su puesto o que pretenden subir en el escalafón. Esta fiebre por proyectar la imagen del gobernante en la pantalla doméstica ha afectado tanto a la esfera nacional (TVE) como regional (TV autonómicas). Pero también a la local (televisiones municipales). Algemesí, Cullera, Sueca o Carlet han desarrollado proyectos de TV local, aunque la profunda crisis económica que ha sacudido las entrañas del país y la deuda estratosférica que acumulaban los entes públicos ha llevado al cierre, no sólo a Canal 9 sino también a las emisoras que dependían del presupuesto de los consistorios de Cullera o Carlet.
El uso de este altavoz por parte de las autoridades locales ha sido en muchos casos indecente. El grado de manipulación y el trato de favor concedido al gobierno local en las televisiones y en las radios municipales en detrimento de la oposición ha rozado la impudicia. Sin embargo, este comportamiento tan propio de democracias inmaduras poco parecía afectar a una sociedad anestesiada hasta que la crisis sacudió los bolsillos de los ciudadanos y el hedor que provocaba el lento crepitar de una corrupción generalizada disipó la somnolencia y llenó la calle de protestas.
No todos los responsables de los medios de comunicación o los gabinetes de prensa ligados a los ayuntamientos son profesionales del periodismo. Esa cualidad es casi la última que se mide a la hora de proveer el cargo. Lo importante es ser sumiso. Y el atrevimiento de algunos de ellos es desmedido. Unos cuantos se permiten abroncar a los verdaderos periodistas por publicar noticias que no agradan a sus patrocinadores y otros incluso osan dar lecciones a trabajadores muy cualificados.
El grado de identificación y dependencia de algunos responsables de prensa respecto a los políticos que les abonan el sueldo es tan patente que no se preocupan ni de cuidar las formas. Algunos de ellos trabajan también en la campaña electoral. Poco importa que quien les paga sea la institución y no un político determinado. Se vuelcan con tal perseverancia en cuidar la imagen del alcalde que le acompañan sin reparo ni rubor a los actos públicos que organiza el partido.
Mucho peor es el comercio que se ha instaurado, con una impunidad asombrosa, con la documentación, las noticias que generan los ayuntamientos o con la publicidad institucional. El reparto se establece en la mayoría de los casos de manera discrecional. Se premia a los afines y se castiga a aquellos que no comulgan o se muestran reacios a aceptar el dictado del político. El porcentaje de difusión y de audiencia que exhibe cada medio, única garantía de invertir con fiabilidad el dinero público, no cuenta. Algunos alcaldes han llegado a retirar publicidad que ya tenían contratada para evidenciar su disgusto ante alguna información publicada. Hoy, ante el hartazgo ciudadano, todos los partidos prometen transparencia. Es la palabra de moda. Habrá que aguardar apenas unas semanas para comprobar qué media del dicho al hecho.
