Pasado un tiempo prudencial tras las elecciones municipales, los gobiernos entrantes quieren saber el actual estado de las arcas de sus respectivos consistorios. Es el caso de La Pobla Llarga, municipio que debía oficialmente a fecha del 31 de diciembre del 2014 más de 5 millones de euros, aunque desde el equipo de gobierno (PSPV) se huelen que esta cifra podría aumentar.
El edil de hacienda y teniente de alcalde, Ximo Vidal, admite que conocía el estado de la deuda oficial del ayuntamiento cuando asumió el cargo, pero no esperaba encontrarse con compromisos de pago durante las primeras semanas al frente de su concejalía, «el equipo urbanístico nos reclama más de 180.000 euros en concepto de proyectos impagados», informa. Explica el edil que el anterior alcalde, Rafael Soler (PP), acordó con los arquitectos el pago de la deuda antes del 25 de mayo de 2015, pero finalmente no se cumplió el compromiso.
En total la factura asciende a 180.000 euros que sumados a los 25.000 que el ayuntamiento debe a una farmacia de La Pobla, tras asumir los costes del «medicamentazo», el recibo supera los 200.000 euros, motivo por el cual «hay que determinar lo más pronto posible que debe realmente nuestro pueblo».
Ante esta tesitura el equipo de gobierno socialista ha decidido contratar los servicios de Sierra Economistas con la intención de realizar una auditoría de gestión en el ayuntamiento al objeto de evaluar la situación económico financiero del consistorio mediante la revisión de las cuentas.
Una de las principales dudas del actual equipo de gobierno es saber a cuantos contenciosos se enfrenta porque, en cao de perder alguno, de momento no está previsto en ningún documento.
Pretenden contar con este documento a finales de septiembre y por ello abrirán los archivadores y las puertas del ayuntamiento para que se efectuen las investigaciones oportunas.
Otra de las preocupaciones es saber cuánto se le debe al ayuntamiento, Vidal cuenta que el anterior equipo de gobierno siempre señaló que al consistorio se le debía más de 2 millones de euros.
Es más, «en las contabilidad consistorial se indica que existe una deuda con el ayuntamiento desde 1998», pero no saben exactamente quien les debe ese dinero. Esta es otra de las tareas asignadas a la empresa que realizará la auditoría a la que también se le ha pedido la formulación de recomendaciones que suben corregir los desequilibrios financieros y así asegurar la continuidad de todos los servicios que presta.
