Un usuario del hospital de la Ribera —el centro de salud de referencia de 250.000 vecinos de esta comarca— ha recurrido al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana para reclamar atención en valenciano en las instalaciones del recinto sanitario.
Lo recoge el último balance de actuaciones, correspondiente al año 2014, realizado por el Defensor del Pueblo valenciano. El departamento que dirige José Cholbi señala que el promotor de la queja denunció en 2014 ante este organismo que pese a haber solicitado «expresamente» al Hospital de la Ribera que todas las comunicaciones le fueran dirigidas en valenciano no había sido posible que el centro sanitario le enviara los documentos en su lengua propia y, por defecto, siempre hacía uso del castellano.
El usuario, según recoge el Síndic de Greuges, también reivindicaba su derecho a ser atendido en esta lengua cuando acudía al centro hospitalario y se quejaba de que no había obtenido ningún resultado satisfactorio, ni en cuanto a que la documentación oficial del centro le llegara en la lengua propia o al hecho de recibir atención también esta lengua. Por ello decidió poner en conocimiento del Síndic de Greuges lo ocurrido.
Al conocer la queja del usuario del hospital, el Síndic de Greuges, José Cholbi, dirigió un escrito a la Conselleria de Sanidad, que es la competente en la gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana, aunque en el caso del hospital de Alzira está cedida a un conglomerado de empresas. El informe de Cholbi, al que ha tenido acceso este diario, recoge que la resolución del síndic fue aceptada por el departamento de Sanidad con el compromiso de evitar cualquier discriminación por uso de la lengua que además es cooficial.
Potenciar el uso del valenciano
El Síndic de Greuges subraya la necesidad de potenciar la presencia lingüística del valenciano en todos los ámbitos, y, especialmente en la vida social y oficial, como el caso de la atención sanitaria. Añade que el Gobierno valenciano no sólo está autorizado a diseñar políticas directamente encaminadas a fomentar el uso del valenciano, sino que la puesta en marcha de estrategias normalizadoras deben ser calificadas como el normal desarrollo que emana de la Constitución.
En la Carta Magna, resuelve el Síndic, se recoge la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España como patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección. Como también ocurre en l'Estatut de Autonomía y la Llei d'Ús y Ensenyament del valencià, por lo que la Administración Pública Valenciana está obligada a garantizar, en todo caso, la normalización lingüística, ya que, el derecho a la no discriminación por motivos lingüísticos aparece expresamente consagrado en el párrafo tercero del artículo 6.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana «nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua».
