Sorpresa e indignación. El empresario alcireño Fernando Rodríguez no sale de su asombro tras recibir a finales de agosto una resolución de la Dirección General de Trabajo que confirma una sanción de un expediente que prácticamente había olvidado al haber transcurrido nada más y nada menos que diez años y cinco meses desde que presentara unas alegaciones que, según asegura, la conselleria nunca contestó? hasta ahora.
«El técnico nos dijo que al no haber respuesta nos habrían dado la razón por silencio administrativo», recuerda, aunque una resolución firmada el pasado 21 de abril por el anterior director general, Felipe Codina, que la conselleria le notificó en julio, confirma la multa de 1.502 euros por la vulneración de la normativa de riesgos laborales. El empresario atribuye a un «afán recaudatorio impresionante» de la Administración que arrastre durante once años un expediente que le imputa una infracción que, según defiende, no cometió. «Estamos perseguidos, cuando más cumples la legalidad parece que más te castigan», lamenta el empresario, mientras señala que si los difíciles años que ha vivido el sector de la construcción ya le hacían plantearse tirar la toalla, situaciones como ésta, que considera totalmente injusta, todavía más.
Fuentes del sector señalaron que no es el único empresario de la zona que ha recibido una resolución similar por expedientes que se pierden en el tiempo y la memoria, ya que algunos son anteriores incluso al de Rodríguez, pero señalaron que la conselleria se escuda en sentencias tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional que establecen que este tipo de sanciones administrativas «no prescriben». Estas mismas fuentes indicaron que a principios de año ya se produjo una remesa de antiguos expedientes sin resolver y que ahora parece haberse producido otra.
La Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción a la empresa de Rodríguez en septiembre de 2004 alegando que había vulnerado la normativa en materia de riesgos laborales cuando trabajaba en el enlucido del hueco de un ascensor. El empresario trató de rebatir los argumentos del inspector y presentó unas alegaciones que fueron desestimadas por la conselleria. En marzo de 2005 presentó un segundo recurso de alzada que ponía fin a la vía administrativa que, según explica, nunca tuvo respuesta, por lo que dado el tiempo transcurrido la sanción le ha cogido totalmente por sorpresa.
