El Ayuntamiento de Alzira dejará de ingresar 500.000 euros con la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que el gobierno municipal prevé aplicar el próximo año a 26.796 contribuyentes, según la revisión de la ordenanza fiscal que el tripartito (Compromís, PSOE y EU) tiene previsto aprobar mañana en el pleno. La propuesta contempla bajar un 6 % la contribución a los inmuebles de carácter residencial con un valor catastral superior a la media, que está fijada en torno a 40.000 euros -en este grupo se enmarca el grueso del parque inmobiliario-, mientras que se mantiene el mismo gravamen que el año anterior para los 11.894 pisos y casas con un valor inferior, que son los que pagan los recibos más bajos, explicó el concejal de Hacienda, Albert Furió, y a los 232 titulares de recibos de IBI de inmuebles de uso no residencial.
Furió destacó que «es la primera vez desde el año 2004 que el IBI no sube» -se aprobó entonces una revisión catastral que ajustaba la actualización de valores durante diez años- y señaló que la medida beneficiará a «dos de cada tres familias». Furió compareció ayer junto al alcalde de Alzira, Diego Gómez, y el edil del PSPV Fernando Pascual para detallar los principales cambios en las ordenanzas fiscales.
Gómez proclamó que «tocaba bajar los impuestos» y el nuevo gobierno «los va a bajar» y cifró en 501.279 euros la merma de ingresos que tendrá el ayuntamiento por esta rebaja del IBI. La otra gran reducción se producirá en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o Plusvalía, en el que el tipo actual del 27,45 % bajará al 20 %. En base a las cifras del presente ejercicio también supondría un descenso de medio millón de euros en la recaudación, aunque el edil de Hacienda señaló que se estima que el próximo año aumentarán los ingresos, lo que ayudará a compensar el impacto de esta medida que, entre otros objetivos, busca reducir el alto índice de morosidad en el cobro de este impuesto: un 40 %.
Diego Gómez apuntó que mientra en el IBI los vecinos están concienciados y realizan un esfuerzo para pagar -el gobierno situó entre el 10 y el 13 % la morosidad- en la plusvalía hay más gente que «se columpia», admitió.
Sí subirá el próximo año el IAE, un impuesto que pagan las empresas que facturan más de un millón de euros. Albert Furió detalló que de las cuatro categorías que contempla el impuesto subirá un 4 % en tres, ya que en la primera el coeficiente ya está al máximo, aunque defendió que el aumento está por debajo de la previsión de crecimiento de la economía.
Otras modificaciones sin un gran impacto económico pero que sí tienen una «incidencia social», apuntó el alcalde, son la rebaja de la tasa por expedición de certificados y documentos administrativos. La tarifa actual de seis euros por la compulsa de documentos baja a 50 céntimos en el caso de las personas físicas -la compulsa de certificados académicos oficiales y de minusvalía serán gratuitos- y sube a 15 euros en el caso de las empresas para las que, según Furió, seguirá siendo más barato que ir a una notaría.
También se regulará la gratuidad del transporte urbano para menores y las rentas más bajas y, en el caso de los matrimonios civiles, se establece una nueva tarifa de 50 euros como alternativa a la de 176 euros actual si la celebración tiene lugar fuera de dependencias municipales.
